El tiempo se reduce para la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que hace tres meses prometió que llevaría ante la Corte Suprema de EE.UU. su apelación a un fallo judicial que anuló varias cláusulas de la controversial de ley de inmigración aprobada en ese estado.
Este miércoles vece el plazo para Brewer, quien ya vio frustrado un primer intento cuando el tribunal de apelaciones del noveno circuito rechazó una moción suya en abril para que fuera desestimada la decisión de suspender partes de la legislación.
Entre las cláusulas anuladas está una que requiere que la policía indague sobre el estatus migratorio de personas de las cuales llegue a sospechar que se hallan ilegalmente en el país.
El gobierno federal demandó al estado de Arizona con la intención de parar la ley bajo el argumento de que a las autoridades locales no les compete regular la inmigración.
La corte del noveno circuito estimó factible que el gobierno pueda demostrar que la ley de Arizona es inconstitucional y que sólo a él le corresponde ejercer la autoridad dada por el Congreso para hacer instrumentar las leyes de inmigración.
El gobierno de Arizona alega por su parte que el gobierno federal no ha sido efectivo haciendo cumplir tales leyes y que sus intenciones han sido la de llenar ese vacío con una legislación propia.