El gobierno de Nicolás Maduro detuvo a un general que ejercía como jefe de contrainteligencia militar en una región del sur de Venezuela y como gerente de una empresa estatal por su presunta vinculación con hechos de corrupción, informaron el miércoles varios diarios.
El arresto de Jorge Luis Gómez Pimentel habría ocurrido hace 10 días, en el marco de una operación conjunta de funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), precisó el periodista Eligio Rojas, cercano a los círculos de poder del chavismo.
Las autoridades no han confirmado su detención ni su traslado a Caracas, como reportaron periódicos como El Correo del Caroní, El Pitazo y Últimas Noticias.
Las fuentes citadas por Rojas y los diarios afirman que la detención de Gómez Pimentel responde a su vinculación con las tramas de corrupción denunciadas por el propio Maduro, el partido de gobierno y la fiscalía general de la República.
#Guayana | Policía Anticorrupción arresta al general Jorge Luis Gómez Pimentel, quien se desempeñaba como gerente de la estatal #CVG Logística y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (#Dgcim) en el estado #Bolívar. Detalles: #3May https://t.co/0FLBdBzp4M
— El Pitazo (@ElPitazoTV) May 3, 2023
Se ha estilado que la difusión de imágenes y videos por voceros comunicacionales del oficialismo de las presentaciones ante tribunales de los acusados por esa red de corrupción, vistiendo overoles color naranja, es parte de lo más parecido a una confirmación oficial.
De confirmarse, el arresto del general Gómez Pimentel se sumaría a otras 10 detenciones de acusados de malversar fondos de la CVG, una corporación donde se agrupan las industrias básicas de Guayana, controlada por el Estado. Entre los arrestados, se encuentra el expresidente de la empresa, Pedro Maldonado.
Desfalco millonario
El presidente Maduro y el fiscal Tarek William Saab, un exgobernador y exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, confirmaron los arrestos entre marzo y abril de al menos 61 funcionarios, políticos oficialistas, jueces, empresarios y “mujeres de la mafia” por supuestamente participar en varias “tramas de corrupción” con la que desfalcaron al Estado con millones de dólares.
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Si bien no ha habido una precisión oficial del monto desfalcado, sendas investigaciones de la agencia Reuters y del periódico digital Armando.info han permitido estimar que esa red de corrupción dejó centenares de millones de dólares en cuentas por cobrar de operadores petroleros sin experiencia.
Según Reuters, el monto de esas operaciones que el Estado ha podido no cobrar supera los 21.000 millones de dólares. Tareck El Aissami, ex ministro de petróleo, renunció a su cargo tras el escándalo y los arrestos de varios de sus hombres de confianza, como el diputado Hugbel Roa y el exdirectivo de PDVSA Ysmel Serrano.
Plan “nefasto”
El fiscal Saab afirmó en una entrevista difundida el domingo que los involucrados en la trama de corrupción denunciada buscaban “una implosión” de la economía para concretar lo que calificó como “un plan político nefasto” contra el gobierno.
“Afortunadamente, paramos este plan, afortunadamente fue develada, hay presos y algunos todavía faltan por aprehender. ¿Qué hubiese ocurrido si no investigamos y continúa? Esto iba a un escenario de pesadilla inimaginable. Estamos hablando de una trama de corrupción altamente explosiva que fue develada a tiempo y que está siendo procesada”, dijo entonces.
También lea Venezuela: gobierno sigue sin dar detalles a un mes de escándalo de corrupción en PDVSAUno de los delitos imputados en contra de los arrestados es el de “traición a la patria”, indicó. Según Saab, los implicados se valían “de los cargos que tenían” para comprar y vender petróleo venezolano con una “modalidad" de buques. “Muchos de esos buques se perdieron, no aparecía el dinero”, expresó.
Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de 3 fiscales con competencia nacional para indagar sobre “los graves hechos” de corrupción en la CVG.
El gobierno intervino la corporación a principios de abril para designar sus autoridades y controlar sus operaciones durante al menos un año.
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