La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes el pago del bono PDVSA 2020, por 71 millones de dólares, el cual venció el 27 de abril. La medida fue aprobada en plenaria, después de pasar por la comisión de finanzas, según informó la cuenta de Twitter del cuerpo legislativo.
Aunque la fecha de vencimiento del bono ya pasó, hay un periodo de gracia de 30 días para cancelar la cantidad establecida, el cual empezó a contar desde finales de abril.
Los acreedores del bono tienen como garantía ante el impago el 50.1% de las acciones de CITGO, una refinería filial de PDVSA en Estados Unidos. Hacer el pago evitaría que el bono caiga en cesación de pagos (default), provocando la pérdida de uno de los activos más importantes de Venezuela.
La acción es otro paso más del gobierno interino de Juan Guaidó para retener el control de los activos de Venezuela en Estados Unidos. Semanas después de haber sido nombrado presidente interino por la Asamblea Nacional, Guaidó designó una junta directiva ad-hoc para PDVSA y una nueva junta directiva de CITGO; esta última dirige desde entonces la refinería, que cortó lazos con PDVSA, aún en manos de Nicolás Maduro. El presidente en disputa ha calificado la toma de control de la nueva junta directiva de un "robo" en el que el gobierno de EE.UU. es un "cómplice".
También lea ¿Qué es CITGO, la petrolera en medio de la batalla por el poder en Venezuela?El 9 de abril, Guaidó amplió las funciones de la junta directiva ad-hoc y designó a cuatro nuevos integrantes. La Asamblea Nacional dio a los ahora nueve miembros la capacidad de ejercer la representación legal de PDVSA en el extranjero y autorizar el pago de intereses y capital de bonos emitidos por la petrolera.
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El bono de PDVSA 2020, que se emitió en 2016, es el único que no ha caído en default, explicó a la VOA Russ Dallen, socio de la firma de inversiones Caracas Capital. El gobierno en disputa hizo el último pago de los intereses a los tenedores por $949 millones de dólares en octubre de 2018.
Sin embargo, después de que Estados Unidos impusiera las sanciones a PDVSA y de que se reconociera a Guaidó como presidente de Venezuela, dándole el control de los activos de Venezuela en el país, “el régimen de Maduro no tiene incentivos para pagar los 71.6 millones” de dólares, dijo Dallen.
Cómo se pagaría el bono
El dinero con el que el gobierno interino planea pagar a los acreedores vendría de unas cuentas de fideicomiso congeladas por el gobierno de Estados Unidos, según dijo a la VOA Alejandro Grisanti, miembro de la junta directiva de PDVSA.
Uno de los efectos de las sanciones es que las refinerías que habían comprado crudo venezolano a PDVSA no pudieron pagarlo porque se prohibieron las transacciones financieras con la petrolera. Sin embargo, el Departamento de Tesoro anunció que el dinero de esas ventas debía ir a unas “cuentas bloqueadas” en Estados Unidos. En ellas, según estimaron fuentes conocedoras del asunto a la VOA, hay ya “varios cientos de millones de dólares”.
Para que los representantes de Guaidó en EE.UU. puedan disponer de ese dinero, sin embargo, tienen que pasar dos cosas, dijo Grisanti: primero, que lo apruebe la Asamblea Nacional y segundo, que lo apruebe el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Según la ley de transición que la asamblea aprobó en febrero de este año, “los activos del Estado que hayan sido recuperados” por el gobierno interino no pueden ser utilizados hasta que Maduro deje el poder. Sin embargo, el artículo 36 contempla que se pueda aprobar una ley especial para hacerlo.
Después de esto, el gobierno interino debe buscar la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. ya que es quien “tiene bajo administración y control los bienes congelados de Venezuela”, dijo a la VOA José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional.
La “decisión política del gobierno de Guaidó” para la cancelación del bono, no obstante, ya se tomó, según dijo Guerra.
“Nadie va a perder, en su sano juicio, a CITGO que es una compañía que vales siete mil u ocho mil millones de dólares por 71 millones de dólares cuando hay la disponibilidad financiera para pagarlos”, sentenció el diputado.