El mexicano Leal García fue ejecutado anoche con una inyección letal en una prisión estatal de Huntsville, Texas, pese a los intentos en los que incluso intervino el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por intentar aplazar la decisión.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló en contra de la solicitud de último momento para frenar la ejecución en la que se alegaba que al sentenciado no se le informó sobre su derecho a recibir asistencia consular cuando fue arrestado.
Esto levantó las preocupaciones de que pudiera suponer una violación de tratados internacionales y perjudicar la situación de estadounidenses en el extranjero.
El acusado fue procesado y condenado a muerte por su crimen cometido en 1994, de acuerdo con las leyes del estado de Texas. El gobernador, Rick Perry, ha hecho caso omiso de todos los pedidos para que Leal no fuese ejecutado.
El gobierno de México condenó "en los términos más enérgicos" la ejecución considerando que "en el momento de su detención, las autoridades de Texas nunca informaron al connacional de su derecho a comunicarse con sus representantes consulares, en violación al Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) de la que México y Estados Unidos son parte", según señala un comunicado de la cancillería.
"Igualmente, el Gobierno de México deplora la decisión del Ejecutivo del estado de Texas de no ejercer su facultad legal de suspender la ejecución del señor Leal García para dar tiempo al cumplimiento con el fallo de la CIJ", agrega.
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, también alegó que se obviaron algunos procedimientos en el caso de Leal.
“Estados Unidos ha presentado un informe “amicus curiae” –lo hicimos el primero de julio (2011) con la Corte Suprema, en apoyo a la presentación por Leal, oriundo de México y protegido por la Corte Internacional del juicio en el caso Avena en que se decidió su ejecución, y esto es para permitir cierta consideración al hecho de que Leal García no se le permitió ser visitado por funcionarios consulares mexicanos en el momento apropiado de los procedimientos del juicio”, dijo Nuland.
Nuland aclaró aún más el motivo de dicha solicitud y las repercusiones que eso puede tener para Estados Unidos.
“Este es un tema de reciprocidad para Estados Unidos porque estamos muy preocupados acerca de cumplir nosotros mismos aquí en el Departamento de Estado con nuestras obligaciones ante la Corte Internacional de Justicia porque es crítico para nuestra capacidad de obtener acceso consular y protección para nuestros propios ciudadanos cuando ellos están en situaciones similares, cuando son arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros”, explicó la vocera del Departamento de Estado.
El informe de la Casa Blanca a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos consta de 30 páginas con razones por las que se debe detener el proceso contra el hispano.