Tras hacer unas declaraciones que fueron titulares de prensa, el presidente Evo Morales ahora inició una acción penal contra medios que las reprodujeron.
Gran controversia han generado unas declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, en las que sugería que algunos trabajadores eran “flojos”. Sin embargo, el foco de la polémica se está centrando en la amenaza de enjuiciamiento que enfrentan tres medios que reprodujeron los comentarios del mandatario.
Morales dijo el pasado 15 de agosto, durante una visita a Uyuni, que “en el oriente, donde todo el año se produce, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente, si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.
Ese mismo día, la Agencia de Noticias Fides (ANF) tituló su nota sobre el discurso: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”. Al día siguiente Página Siete tituló: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”, mientras que El Diario anunciaba: “Evo opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.
En reacción a los titulares, la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que las declaraciones fueron distorsionadas, mientras que el Ministerio de la Presidencia solicitó una querella penal basados en una ley que castiga la “difusión e incitación al racismo o la discriminación”.
La solicitud ha generado diversas reacciones de rechazo por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, debido a que la pena podría ser de entre uno y cinco años de prisión incondicional.
La organización Reporteros Sin Fronteras, pidió que prime la Ley de imprenta y cuestionó que los enjuiciados sean los medios cuando las declaraciones provenían directamente del jefe de estado.
“Ahora, la Ley contra el Racismo se emplea en este caso para imputar finalmente a los medios de comunicación la actitud discriminatoria del jefe de Estado que estos critican precisamente. ¿Cómo podría sostenerse tal acusación apoyándose en una inversión de perspectiva tan absurda?”, cuestionó la organización a través de un comunicado.
La ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, promulgada en octubre de 2010, suscitó gran preocupación debido a ciertas cláusulas relacionadas con que era posible responsabilizar a los medios de comunicación o a los periodistas de declaraciones racistas o discriminatorias de las que solamente habrían informado.
Morales dijo el pasado 15 de agosto, durante una visita a Uyuni, que “en el oriente, donde todo el año se produce, solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente, si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.
Ese mismo día, la Agencia de Noticias Fides (ANF) tituló su nota sobre el discurso: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”. Al día siguiente Página Siete tituló: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”, mientras que El Diario anunciaba: “Evo opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.
En reacción a los titulares, la Ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que las declaraciones fueron distorsionadas, mientras que el Ministerio de la Presidencia solicitó una querella penal basados en una ley que castiga la “difusión e incitación al racismo o la discriminación”.
La solicitud ha generado diversas reacciones de rechazo por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, debido a que la pena podría ser de entre uno y cinco años de prisión incondicional.
La organización Reporteros Sin Fronteras, pidió que prime la Ley de imprenta y cuestionó que los enjuiciados sean los medios cuando las declaraciones provenían directamente del jefe de estado.
“Ahora, la Ley contra el Racismo se emplea en este caso para imputar finalmente a los medios de comunicación la actitud discriminatoria del jefe de Estado que estos critican precisamente. ¿Cómo podría sostenerse tal acusación apoyándose en una inversión de perspectiva tan absurda?”, cuestionó la organización a través de un comunicado.
La ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, promulgada en octubre de 2010, suscitó gran preocupación debido a ciertas cláusulas relacionadas con que era posible responsabilizar a los medios de comunicación o a los periodistas de declaraciones racistas o discriminatorias de las que solamente habrían informado.