Los sectores que mantienen desde hace una semana un paro nacional en Bolivia anunciaron el domingo que continuarán la huelga hasta que el gobierno cumpla su promesa de anular una polémica ley de ganancias ilícitas.
Tras varios días de choques entre policías y manifestantes en varias regiones del país, el presidente Luis Arce decidió el sábado abrogar la llamada Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero aún no ha logrado contener el conflicto.
Ante un multitudinario cabildo el domingo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que el paro se mantendrá hasta que no se haga efectiva la abrogación de la norma.
Calvo pidió al presidente Arce que gobierne para todos. “Decidimos mantener el paro general, nuestra lucha continúa (…) señor presidente Luis Arce, gobierne para todos los bolivianos”, dijo.
Arce hizo el anuncio acompañado por representantes de sectores sociales afines a su partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que advirtieron con salir a las calles si no se levantan los bloqueos.
Anteriormente había pedido a las organizaciones sociales y al pueblo salir al paso de las movilizaciones para defender el trabajo y la democracia en Bolivia. También acusó a la oposición de tratar de desestabilizar a su gobierno.
También lea Bolivia entra en cuarto día de paro en protesta por polémica leyEn este clima de tensión el presidente endureció su discurso.
“Lo que tenemos que hacer, hermanos, es organizarnos y movilizarnos. Siempre estar al apronte porque el enemigo no duerme”.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció ante la comunidad internacional lo que el Gobierno considera un nuevo intento de “golpe de Estado”.
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia exhorta a la comunidad internacional a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia”, expresó Mayta.
Los que rechazan la polémica ley consideran que este paquete de normativas afectaría la economía de varios sectores y que el gobierno busca imponer un “totalitarismo económico y financiero”.
Este lunes, la Cámara de Diputados debatirá un proyecto de ley para la abrogación de la norma 1386 y las autoridades consideran que ya no habrá argumentos para que los sectores continúen con las movilizaciones.
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