Bolivia: Fiscal busca respuesta de España por conflicto en embajada de México

Guardias de seguridad custodian la embajada de México en La Paz.

El fiscal general de Bolivia ha impulsado el miércoles una investigación sobre los funcionarios españoles que, según el gobierno del país sudamericano, buscaban ayudar a los aliados del derrocado líder izquierdista Evo Morales que están en la embajada de México en La Paz.

El fiscal Juan Lanchipa Ponce dijo que busca información sobre por qué los funcionarios españoles, en una visita a la embajada en Bolivia en diciembre, fueron acompañados por la policía táctica española.

El incidente provocó un enfrentamiento diplomático y Bolivia expulsó a la embajadora de México y a varios funcionarios españoles. España respondió con una medida similar.

La disputa puso a prueba al gobierno interino de Bolivia, que asumió el poder después de que Morales renunció bajo presión en noviembre después de protestas generalizadas, evidencia de irregularidades en las elecciones de octubre y la disminución del apoyo del ejército y la policía.

El gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, afirma que las fuerzas de seguridad españolas habían tratado de ocultar su identidad para acceder a la embajada mexicana, que otorgó asilo a aliados de Morales, incluido el exasistente Juan Ramón Quintana.

El gobierno de Bolivia afirma que algunos de los que están en la embajada son buscados por delitos de sedición y levantamiento armado.

El fiscal general dijo que pasó el caso a la oficina del fiscal en La Paz para tomar las medidas necesarias para obtener respuestas de los involucrados y aclaraciones sobre el papel de los miembros del grupo de operaciones especiales GEO de España.

(Bolivia quiere saber) "las identidades de estas personas, con qué pasaporte ingresaron a territorio boliviano, qué autoridad solicitó la presencia de este grupo especializado y sobre todo el motivo por el cual se hizo presente este grupo del GEO en nuestro país", dijo Lanchipa Ponce.

El gobierno boliviano solicitó previamente que el fiscal general investigara el asunto y la supuesta participación de políticos españoles, incluido Pablo Iglesias, el líder de la extrema izquierda Podemos, que forma parte de la nueva coalición gobernante.