Tras protestas de organizaciones ambientales y cerca de dos millones de firmas contra la iniciativa, la mandataria brasileña vetó 12 artículos y modificó 36.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó 12 artículos del código forestal de su país y modificó otros 36 por considerar que algunas reglamentaciones amenazaban con la desmedida deforestación en el Amazonas.
Así lo afirmaron los ministros de Medio Ambiente, Izabella Teixeira; de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro y de Desarrollo Agrario, Gilberto José Vargas, en una rueda de prensa a los medios de comunicación brasileros, en donde agregaron que todos los vetos están a favor de la preservación y la producción sustentable en la agricultura.
Aunque la publicación de los artículos vetados y las 36 modificaciones en el diario oficial de Brasil será este lunes, ya se anunciaron algunos cambios.
El gobierno buscó frenar la amnistía para quienes deforestaron ilegalmente anteriormente, resguardar a los pequeños propietarios, hacer que los productores se hagan responsables de la preservación ambiental y no reducir el número de áreas protegidas del Amazonas y otras zonas del país.
Rousseff vetó la disposición que reducía al mínimo las obligaciones de recuperar las áreas degradadas y aquella que ordenaba disminuir el área de las zonas protegidas a la orilla de los ríos.
La decisión se dio después de varias manifestaciones de grupos ambientalistas, entre los que figuran las organizaciones Greenpeace y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), quienes pedían a la mandataria brasilera proteger la región del Amazonas bajo el lema “Veta todo Dilma”.
Según declararon los activistas ambientales a medios internacionales, el Código Forestal de Brasil se basa en un modelo que propone deforestar para desarrollar, pone en marcha una brusca actividad agrícola en ecosistemas degradados y amenaza devastadoramente la región amazónica, lo cual representa un retroceso para el gigante suramericano.
Por su parte, la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), denunció que dicho Código Forestal puede ser motivo de demandas judiciales porque contiene graves inconsistencias desde el punto de vista constitucional, además de representar un grave impacto sobre la seguridad nutricional de la población.
Así lo afirmaron los ministros de Medio Ambiente, Izabella Teixeira; de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro y de Desarrollo Agrario, Gilberto José Vargas, en una rueda de prensa a los medios de comunicación brasileros, en donde agregaron que todos los vetos están a favor de la preservación y la producción sustentable en la agricultura.
Aunque la publicación de los artículos vetados y las 36 modificaciones en el diario oficial de Brasil será este lunes, ya se anunciaron algunos cambios.
El gobierno buscó frenar la amnistía para quienes deforestaron ilegalmente anteriormente, resguardar a los pequeños propietarios, hacer que los productores se hagan responsables de la preservación ambiental y no reducir el número de áreas protegidas del Amazonas y otras zonas del país.
Rousseff vetó la disposición que reducía al mínimo las obligaciones de recuperar las áreas degradadas y aquella que ordenaba disminuir el área de las zonas protegidas a la orilla de los ríos.
La decisión se dio después de varias manifestaciones de grupos ambientalistas, entre los que figuran las organizaciones Greenpeace y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), quienes pedían a la mandataria brasilera proteger la región del Amazonas bajo el lema “Veta todo Dilma”.
Según declararon los activistas ambientales a medios internacionales, el Código Forestal de Brasil se basa en un modelo que propone deforestar para desarrollar, pone en marcha una brusca actividad agrícola en ecosistemas degradados y amenaza devastadoramente la región amazónica, lo cual representa un retroceso para el gigante suramericano.
Por su parte, la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe), denunció que dicho Código Forestal puede ser motivo de demandas judiciales porque contiene graves inconsistencias desde el punto de vista constitucional, además de representar un grave impacto sobre la seguridad nutricional de la población.