El presidente Joe Biden llegó hace un año al poder con promesas de que cambiaría las políticas amenazadoras y de mano dura hacia Latinoamérica que había impulsado su antecesor, Donald Trump. La propuesta de Biden era colaborar y dialogar más con la región.
No obstante, apenas asumió se encontró con una pandemia que convirtió a Estados Unidos en la nación con más enfermos y muertos en el mundo por COVID-19, y una economía fuertemente golpeada. Su atención se concentró entonces en urgencias domésticas.
“Latinoamérica nunca iba a ser una prioridad para el gobierno de Biden, simplemente iba a haber una forma diferente de relacionarse con la región. Esa fue la promesa”, expresó Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas. “Después de un año, tenemos expectativas incumplidas para la región, y una oportunidad verdadera para relanzar un enfoque efectivo”.
Ese enfoque, dice Biden, se concentra en lograr bienestar y fortalecer la democracia en las Américas. Como ejemplos apunta la donación de más de 60 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, casi 17 millones de ellas a Centroamérica.
“Esta administración ve a América Latina como un recurso estratégico de prosperidad y diversidad de resiliencia para los Estados Unidos, y el desarrollo democrático de la región es algo que es fundamentalmente de interés nacional de los Estados Unidos”, expresó a la AP Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.
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Democracia y corrupción
La defensa de la democracia es un enfoque central de Biden respecto a Latinoamérica. El gobierno estadounidense celebró la Cumbre de la Democracia en diciembre, a la que varios países latinoamericanos —entre ellos Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras— no fueron invitados.
Biden ha denunciado el deterioro de la democracia en Nicaragua, donde ha criticado de forma insistente la detención de opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega. Respecto a Cuba, la administración estadounidense ha dicho que la respuesta del gobierno cubano a las protestas que hubo en la isla el 11 de julio demuestra una grave falta de democracia en el país. Como resultado, Biden ha mantenido las sanciones que impuso Trump.
La tendencia al autoritarismo va ligada a la lucha contra la corrupción, otro desafío que Estados Unidos ha dicho de forma repetida que quiere combatir en Latinoamérica.
En Guatemala, Estados Unidos ha denunciado lo que describe como un declive de la independencia judicial, debido a despidos de fiscales que denuncian corrupción en el país. El gobierno de Biden también criticó a la gestión de El Salvador por cancelar la Comisión Internacional contra la Impunidad, por limitar el acceso a información pública y por destituir a jueces y fiscales. La principal diplomática allí, Jean Manes, anunció el año pasado su retiro del país.
“Existe el miedo de que El Salvador, Guatemala, podrían convertirse en otra Nicaragua, en un deterioro de condiciones políticas, de elecciones libres, de instituciones democráticas”, opinó Maureen Meyer, experta de la organización defensora de derechos humanos con sede en Washington WOLA.
Para denunciar la corrupción y las violaciones de derechos humanos, Biden ha implementado sanciones contra funcionarios de Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Cuba, algo que le ha merecido duras críticas.
González admite que es una situación difícil. “El tema de la corrupción es clave y es complicado porque muchas de las reformas necesarias en Centroamérica, pero también en otros países de la región, amenazan ciertos intereses y en ciertos casos van en contra de los intereses políticos de ciertos gobiernos”, expresó el funcionario, sin identificar a nadie.
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Migración y Centroamérica
En lugar de disminuir, la migración de decenas de miles de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos ha aumentado y se ha convertido en uno de los principales retos para Washington.
El gobierno ha dicho que en lugar de cerrar fronteras, busca atacar las raíces del problema migratorio, las causas económicas y de pobreza, la corrupción y la falta de incentivos de la población para permanecer en sus países. Prometió así 4.000 millones de dólares de ayuda a Centroamérica, aunque el Congreso aún no ha aprobado ese dinero.
A pesar de estos programas, en la frontera, Biden ha seguido con la prohibición al acceso de latinoamericanos que piden asilo y ha persistido en políticas que implementaba Trump, como una acción ejecutiva conocida como Título 42, que alegando posibles contagios por la pandemia, frena la entrada de migrantes por la frontera.
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