¿Qué cambia con la nueva Ley de Medios en Cuba y por qué amenaza al periodismo independiente en la isla?

La nueva Ley de Comunicación Social en Cuba pone por primera vez "en blanco y negro" a los medios afiliados al Estado como los únicos permitidos, lo que deja fuera a la prensa independiente, expuesta a ser mucho más criminalizada y censurada, ahora sobre una base legal.

Recién aprobada por el nuevo Parlamento, la disposición es la primera dedicada a regular la prensa desde la llegada al poder de la Revolución Cubana hace más de 60 años.

"Esta es una mala noticia para la prensa y también para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, que no son refrendados en esta ley", dijo a la Voz de América el periodista e investigador cubano, Alejandro Ulloa.

Ulloa, uno de los fundadores del medio independiente El Toque, que tuvo que mudar su redacción fuera de la isla debido a presiones gubernamentales, denunció que el Estado cubano emplea "fuerzas de seguridad para intimidar, acosar e interrogar a periodistas independientes".

"Esta ley viene a controlar legislativamente el espacio público que se les escapa (al gobierno cubano)(...) y ahora entonces tienes un instrumento legal a la mano, un instrumento más de los que han creado en los últimos cinco años para reprimir la libertad de expresión que vaya en contra de los intereses del Partido Comunista", insistió Ulloa, exiliado en España.

En la isla, el sector de la comunicación es uno de los más polémicos debido a que el gobierno controla los principales periódicos, páginas web, canales de radio y televisión, y mantiene un abierto antagonismo contra aquellos medios de información con un discurso diferente al oficial.

El gobierno del sucesor de los hermanos Fidel y Raúl Castro, el presidente Miguel Díaz-Canel, la ha calificado de "histórica" y de "resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva", mientras que para investigadores y expertos en leyes es una forma de codificar la limitación de la libertad de periodistas y ciudadanos a expresarse.

¿Qué estipula la Ley?

De acuerdo al oficialismo, esta es una ley de "construcción colectiva", revisada y actualizada por expertos en leyes, funcionarios y miembros de organizaciones de comunicación - todos afiliados al Estado - hasta llegar a la versión final número 34.

De 55 páginas, la legislación incluye "en un único cuerpo jurídico todo lo referente a la comunicación, aunando los diferentes ámbitos que ella comprende como puede ser el mediático, organizacional, comercial e institucional", detalla un amplio artículo de la web oficialista Cubadebate.

Su artículo 28 estipula que los medios de comunicación social son "de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad", sin menciones a la prensa independiente, cuya primera ola surgió con fuerza en la década de 1990 y tuvo un segundo impulso en la década del 2010.

La mayoría de estos medios alternativos funcionan en un ecosistema online y trabajan desde fuera del país, sobre todo desde el recrudecimiento de la persecución estatal a los periodistas y comunicadores sin afiliación al gobierno, tras las protestas del 11J.

En cuanto a los contenidos, el artículo 13 de la Ley establece que no pueden "emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social".

Además, prohíbe el "tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres y otros eventos similares" y no permite "difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país".

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El artículo 51 tampoco permite los "contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito", lo que en teoría podría aplicar a cualquier material, hasta los memes que proliferan en el espacio virtual cubano, cada vez más amplio desde la apertura de Internet en la isla, que comenzó en 2015.

"La ley en sí misma no cambia mucho", opinó en entrevista con la VOA el especialista en derecho civil y económico, Eloy Viera, quien además explicó que ya estas disposiciones ya se aplicaban a partir de "políticas e instrucciones internas" implementadas por organismos del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Para el abogado cubano, coordinador de un espacio sobre leyes en el medio independiente El Toque, "lo que cambia esta ley es la forma de aproximarse al fenómeno de los medios de comunicación" por parte del gobierno cubano.

Entre lo más llamativo, está la "posibilidad de que los medios de comunicación puedan incluir publicidad", agrega por su parte, el analista y experto cubano en derecho constitucional, Raudiel Peña.

Contenido en el artículo 81.1, esta regla relaja las rígidas demarcaciones del "objeto social" de los medios, subsidiados por el Estado. Ahora, bajo la nueva regulación, estos podrían financiarse con anuncios, siempre y cuando estos correspondan "a su perfil editorial" y bajo previa autorización de las autoridades.

Cuestión de seguridad nacional

"Creo que lo que ha pasado con esta ley es que el gobierno, por primera vez, ha dejado en blanco y negro la función de los medios estatales de prensa, de los medios de comunicación, sencillamente como medios de propaganda, dirigidos a consolidar la ideología de la única fuerza política permitida en Cuba, que es el Partido Comunista, más allá de eso, no creo que haya muchos cambios", insistió Viera.

La nueva disposición "más que aumentar la censura, lo que le da es un marco jurídico más claro, más estricto, más claramente definido, pero la censura va a seguir siendo más o menos a la misma", añadió Peña a la VOA.

El propio presidente cubano reconoció el "fuerte impacto para la seguridad nacional" de la ley, en lo que llamó "contexto de intensa guerra mediática".

“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la Comunicación Social para el desarrollo del país (...) El largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”, denunció Miguel Díaz-Canel ante el Parlamento que aprobó la legislación.

El mandatario de la isla, que ha recibido continuas críticas por el deterioro de las libertades civiles durante los últimos años, mencionó -como sus predecesores- la influencia desestabilizadora de Estados Unidos, con el que no ha logrado recuperar el momento dulce de la apertura bilateral durante la administración del expresidente Barack Obama.

Una "gran amenaza" para la prensa en Cuba

Para el parlamentario Yoerkis Sánchez, director del diario Juventud Rebelde, uno de los dos periódicos estatales más importantes en Cuba, esta es una "ley valiosa" porque tiene aportes de diferentes campos y significó que "no se trata de una norma gremial circunscrita a un grupo o conjunto de personas", sino una legislación de “'todos y para el bien de todos', porque transversaliza distintos procesos sociales que colocan en su centro a los ciudadanos".

De acuerdo al oficialismo, la Ley "reconoce la contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria".

"Esta es una ley para defenderse de la información independiente del gobierno. Tenemos con una ley que lo que hace es criminalizar el periodismo que no es propagandístico y no controlado por el gobierno. Esta ley es peligrosísima, además, porque regula el espacio público físico y digital, además de limitar las comunicaciones sociales a solamente la defensa de un sistema", refuta Ulloa.

El comunicador también llamó la atención sobre la remoción del borrador final de un apartado dedicado al derecho a la información de interés público y el deber de las instituciones a revelarla, cerrando la puerta a una base legal para pedir transparencia a las organizaciones gubernamentales.

Para Ulloa representa además "una gran amenaza", no solo para los reporteros independientes, porque prohíbe de manera explícita a los periodistas de medios estatales colaborar con otros medios.

En esto coincide Viera, que califica a esta disposición de "atentado o incluso un condicionamiento a la capacidad que tenga la gente de expresarse en otro espacio que no sea el controlado por el Estado", en una "restricción al periodismo ciudadano", advierte Raudiel Peña.

Un retroceso de la sociedad civil

Aunque ya la ley está aprobada y sus disposiciones generales definidas, habrá que esperar a las normativa complementarias para apreciar el alcance práctico de las prohibiciones, por ejemplo, en el ecosistema online y las redes sociales.

Para Eloy Viera, es muy probable que el gobierno emita normas reglamentarias en la que se establezcan, "como mismo ocurre hasta hoy, multas o mecanismos de control de diferentes tipos, sobre todo administrativo, para las personas que hagan ese tipo de cosas", en referencia a ciudadanos sancionados por publicaciones y memes considerados lesivos por el oficialismo.

"Mediante esta ley, que pretende dar un barniz legal a la represión, el régimen intenta recuperar ese monopolio perdido ante el avance de la sociedad civil cubana, lo que representaría un retroceso enorme en la lenta, pero constante evolución de esa sociedad civil y en la capacidad de los cubanos de a pie de disponer de medios de prensa alternativos e independientes", indicó a la VOA el investigador y analista, Sebastián Arcos.

Para el director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, este es un elemento más de una campaña represiva de un "gobierno alarmado por las protestas masivas del 11 de julio y la clara pérdida de legitimidad política que el régimen ha sufrido en los últimos años".

"Es otro intento de incrementar la represión para controlar a una población descontenta y desesperada. Con muy poca legitimidad política y económica, la única herramienta que le queda al régimen para permanecer en el poder es la fuerza", concluyó Arcos.

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