Gobierno dividido en uso de captahuellas

El gobierno asegura que las máquinas captahuellas buscan combatir la escasez de alimentos.

El uso de las máquinas captahuellas para controlar la compra de alimentos sigue generado controversia entre los funcionarios del gobierno que contradicen la decisión inicial de su obligatoriedad en toda Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, dijo que el uso de las máquinas captahuellas para la compra de alimentos será “solo para las redes de distribución de alimentos del Estado, pero en los estados fronterizos sí estará en todos los establecimientos comerciales”.

Todavía no se conoce con precisión cuáles serán los estados fronterizos donde serán de uso obligatorio para controlar la compra de alimentos. Por ahora están implementándose en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia.

Aunque el presidente del parlamento no es vocero económico, sus declaraciones contradicen al Superintendente de Precios, Andrés Eloy Méndez, quien dijo que su uso sería de carácter obligatorio en todo el país y en comercios públicos y privados de alimentos así como farmacias. Además todas las máquinas debían estar instaladas antes del 30 de noviembre.

A esto se suman las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien el jueves pasado sembró la duda entre los venezolanos al señalar que sería voluntario en uso de las máquinas captahuellas con las que pretende combatir el contrabando de extracción, según él la causa del desabastecimiento y la inflación.

Esta situación de contradicción es observada por analistas políticos como el reflejo de la imposibilidad del gobierno de tomar decisiones tal y como lo han señalado actores de la economía.

El doctor en ciencia política Carlos Raúl Hernández dijo a Unión Radio que “lo que preocupa es que el gobierno, en vez de entender hacia dónde va la rectificación para no convertir a Venezuela en una nación damnificada, insista en profundizar el problema”.

La escasez en Venezuela alcanza el 62% según el reporte que hace el sector privado, porque no se conocen cifras oficiales desde mayo pasado aunque por ley deben ser publicadas los primeros cinco días de cada mes.