Alex Friedmann estuvo a favor de las cárceles privadas en algún momento. Él pasó seis años de su vida en una de ellas, desde 1992 hasta 1998, en una cárcel recién construida en Tennessee. Estuvo preso por una serie de robos a mano armada cometidos entre sus 18 y 22 años de edad.
El Centro Penitenciaro de la Región Sur Central en Clifton, Tennessee, era manejado por la empresa privada CCA, ahora conocida como CoreCivic.
“Las cosas brillaban. Tenían refrescos en el comedor. Todo se veía bastante bien”, recordó.
Poco después, él empezó a notar problemas a raíz de los esfuerzos por reducir costos por parte de la compañía – específicamente la cantidad de sustituciones de trabajadores mal pagados en la prisión, lo cual representaba un riesgo de seguridad.
“Hubo un asesinato durante los primeros dos meses que estuve ahí”, dijo Friedman, y también “un escape un par de meses después de haber llegado ahí. Hubo revueltas y mucho más”.
Luego trasladaron a Friedmann a una centro penitenciario público, casi idéntico excepto por la cantidad de efectivos que ayudaban a mantener la paz en el lugar. Friedman afirmó que CoreCivic promociona sus cámaras de seguridad como una vía efectiva para sustituir miembros del equipo.
“Pero si alguien te está apuñalando con un pincho, no quieres tecnología”, anotó Friedman, “lo que quieres es que te dejen de apuñalar con ese pincho”.
“Industria de la encarcelación masiva”
Actualmente, Friedman es el subdirector del Centro de Defensa de los Derechos Humanos, el cual aboga por los derechos de los privados de libertad. Él dice que las cárceles son necesarias, pero no lo que él llama la “industria de la encarcelación masiva”.
“Es inmoral, no es ético ni aceptable que se encarcelen personas para lucrar”, afirmó.
The Sentencing Project, una organización sin fines de lucro dedicada a reducir el encarcelamiento en Estados Unidos, publicó un reporte a inicios de este mes acerca del crecimiento de la industria carcelaria privada desde los inicios del siglo XXI. El reporte reveló que la cantidad de personas privadas de libertad en cárceles privadas había aumentado un 46% desde el año 2000, de modo que actualmente una de cada 12 personas privadas de libertad en Estados Unidos cumple su sentencia en una cárcel privada.
También indicó que las compañías privadas en la industria carcelaria mantienen los costos operacionales bajos contratando trabajadores poco calificados y no sindicados, con salarios bajos y beneficios más limitados que sus colegas en instituciones públicas.
Jeannie Alexander dirige un grupo llamado No Exceptions Prison Collective (Colectivo Prisión sin Excepciones), el cual lucha por la abolición de las prisiones privadas.
Ella indicó que el problema de fondo con las cárceles privadas es que el número de personas en las celdas determina cuánto dinero puede hacer el centro. “El producto es el privado de libertad”, dijo Alexander.
Archivo: - En esta foto del 14 de junio de 2009, se observan camarotes de tres pisos en un gimansio acondicionado para retener a privados de libertad en el California Substance Abuse Treatment Facility and State Prison de Corcoran, Calif.
Jeannie Alexander fue una de las aproximadamente 20 personas que arrestaron el 6 de agosto en Nashville, Tennessee, durante una protesta en las oficinas centrales de CoreCivic.
En Boca Ratón, Florida, una protesta similar llevó a unas 100 personas a manifestarse frente a las oficinas centrales de GEO Group, otra compañía líder de la industria carcelaria en Estados Unidos. CoreCivic controla cerca del 42% del mercado de cárceles privadas en el país, mientras que GEO Group mantiene aproximadamente el 37%. El porcentaje restante se divide entre compañías más pequeñas.
Ex privados de libertad como Friedman, sus familias y ex empleados de cárceles privadas han acusado a las compañías de descuidar servicios de salud y medidas de seguridad con tal de ahorrar dinero o dar abasto con la escasez de personal.
Respuestas corporativas
Cuando VOA contactó a CoreCivic y a GEO Group para consultar sobre las denuncias de negligencia en el cuidado de los privados de libertad, ambas compañías respondieron rápidamente con declaraciones oficiales via email.
CoreCivic, que enfrenta al menos tres demandas colectivas por descuidos en el cuidado médico de reclusos diabéticos, indicó que no puede comentar por el litigio en curso, pero “se compromete a brindar atención médica de alta calidad a aquellos bajo su cuidado.” Agregó que “es nuestra política y práctica mantener niveles apropiados de personal en nuestros centros.”
GEO Group dijo que disputa vehementemente las acusaciones de una atención médica deficiente en sus centros y agregó que “diariamente, nuestros diligentes empleados proveen servicios de alta calidad, incluyendo atención médica a toda hora, que obedece a los requerimientos y estándares de agencias del gobierno federal y local y adhieren a los lineamientos indicados por agencias de acreditación externas. [...] Miembros de nuestro equipo se esfuerzan por tratar a todos los reclusos bajo nuestro cuidado con compasión, dignidad y respeto.”
Otra gran acusación es que las cárceles privadas mantienen su punto de apoyo en la industria carcelaria con campañas de contribución para políticos y usan empresas de lobbying para presionar por legislaciones de mano dura para mantener las prisiones llenas.
The Center for Responsive Politics (CRP por sus siglas en inglés), reportó en enero que tanto CoreCivic como GEO Group contribuyeron con $250,000 al comité inaugural del presidente Trump.
Apenas unos días después de la inauguración del presidente Trump, el Fiscal General Jeff Sessions acabó con un memo de la época de Obama en el que se anunciaba que el Departamento de Justicia disminuiría paulatinamente el uso de cárceles privadas. Sessions dijo que la medida podría comprometer la capacidad del gobierno para dar abasto con las necesidades del sistema penitenciario federal en el futuro. Luego del anuncio de Sessions, los precios de ambas compañías, CoreCivic y GEO Group, se dispararon.
La CRP también reportó que GEO Group gastó $1.7 millones en lobbying en el 2017 y $770 mil en el 2018. Por su parte, CoreCivic gastó $840 mil en el 2017 t $550 mil en el 2018.
Consultados al respecto, CoreCivic afirmó: “Mucha de la información sobre nuestra compañía que se comparte por grupos de especial interés es incorrecta y motivada políticamente, lo cual resulta en que las personas llegan a conclusiones malinformadas sobre lo que hacemos [...]. Históricamente, nuestros esfuerzos de lobbying se han concentrado principalemente en educar a los funcionarios sobre el alcance de las soluciones que podemos ofrecer y en abogar por alianzas interinstitucionales para obtener un financiamiento completo, ya que se vincula directamente con los contratos con nosotros.”
Archivo: En esta fotografía del 9 de abril de 2008, un privado de libertad atraviesa con su silla de ruedas uno de los puntos de control en el California Medical Facility, en Vacaville, Calif.
CoreCivic también indicó que no promueve, hace lobby ni toma posición alguna en políticas que podrían afectar las bases o la duración del periodo de detención de una persona.
Por su parte, GEO Group afirmó: “Nuestra compañía no toma posición ni hemos abogado nunca a favor o encontra de políticas de justicia o migración, tales como criminalización de ciertas conductas, la duración de las sentencias criminales, o las bases para la duración del periodo de encarcelamiento de un individuo”.
Métodos de transparencia
En este reporte, The Sentencing Project llama a las cárceles privadas a tener los mismos estándares de transparencia a los cuales se someten las instituciones públicas.
Las prisiones federales están sujetas a la Ley de Libertad de Información, es decir, sus archivos se pueden obtener bajo una solicitud de acceso a la información pública. Además, muchos estados tienen leyes similares que aplican para las instituciones públicas. En las prisiones privadas, este tipo de transparencia es “prácticamente inexistente”, de acuerdo con el director de The Sentencing Project, Marc Mauer.
“No digo que no haya problemas en las cárceles públicas”, dijo Mauer, “pero al menos tenemos legisladores con la autoridad o la capacidad de intervenir en esa negligencia. Y esto es muy difícil cuando es un proveedor de servicios privado”.
Lauren-Brooke Eisen, becaria senior en el Brennan Center for Justice, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, tiene una perspectiva diferente sobre el problema.
“¿Es justo esperar que una compañía privada tenga éxito cuando una público ha fracasado?”, pregunta ella. En su libro, “Adentro de las Cárceles Privadas: El Dilema Americano en la Era del Encarcelamiento Masivo”, Eisen defiende la contratación de servicios privados en función de su desempeño, en donde la renovación de los contratos se base en el cumplimiento de ciertos objetivos, como disminuir la reincidencia. Si queremos un mejor rendimiento de parte de las cárceles privadas, “debemos darles la flexibilidad e innovación para llegar allí”, argumenta ella.
Friedman, el activista con experiencia personal tras las rejas, ofrece una solución más directa. Las cárceles privadas hacen todo lo que hacen las públicas, indica él, pero deben hacerlo y ser rentables al mismo tiempo. La situación invita al problema. Para él, el mejor método es claro: “dejar el lucro fuera del sistema de justicia penal”.