La fiscalía alemana pidió este martes la extradición a España del expresidente independentista catalán, Carles Puigdemont, detenido en Alemania desde el 25 de marzo.
Los fiscales de Schleswig, una ciudad del norte de Alemania, remitieron la petición al tribunal regional luego de un "examen intensivo" de la orden de arresto europea emitida por las autoridades españolas, que le acusan de "rebelión" y "malversación", cargos que el derecho alemán reconoce como válidos.
La Fiscalía dijo en una nota que la petición de extradición española es admisible porque la acusación de rebelión incluye llevar a cabo un referéndum anticonstitucional pese a que ello podía ocasionar enfrentamientos violentos.
“Esto tiene un equivalente comparable en la legislación alemana”, dijo la Fiscalía en un comunicado, añadiendo que no hay requisitos legales de que los términos del Código Penal sean idénticos.
Tras la "evaluación detallada de la orden de detención europea" emitida por la justicia española el 23 de marzo, la fiscalía estimó que se justifica mantener detenido a Puigdemont porque existe "riesgo de fuga" y la extradición podría demorarse varios días.
Los abogados del expresidente instaron al gobierno alemán a intervenir ante la "dimensión política" del caso.
El expresidente catalán, destituido el 27 de octubre por el gobierno español tras un intento fallido de secesión, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando volvía en coche desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde que salió de España.
Desde entonces está detenido en la prisión de la ciudad de Neumünster, en el norte de Alemania.
El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento.
Según el recurso, si hubo violencia antes o durante el referéndum del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a "quienes llevasen a cabo dichas conductas".
Aparte de Puigdemont, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.
Puigdemont se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre. Horas después de ésta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se amparó en el artículo 155 de la Constitución española.
Cataluña se encuentra sin presidente desde que el anterior gobierno regional de Puigdemont fue cesado en su totalidad por el ejecutivo central el 27 de octubre, horas después de que el Parlamento catalán proclamara unilateralmente la independencia.
En las elecciones regionales del 21 de diciembre los separatistas renovaron su mayoría de escaños en la cámara (70 diputados de 135), pero desde entonces, sus desacuerdos y la acción de la justicia han impedido la investidura de un candidato.