Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, detenido en junio de este año, participó este miércoles en el foro Voces de Presos Políticos, en el marco de la Cumbre por la Democracia, celebrado de forma virtual en Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se refirió en el evento a las detenciones “arbitrarias que se viven en el mundo” y pidió a los gobiernos “independientemente de nuestra relación con ellos”, liberar a los detenidos de forma inmediata.
“Son experiencias difíciles de compartir y les agradezco por trabajar por la democracia de sus países. Cada vez hay más personas detenidas injustamente en el mundo. Estas personas son detenidas por denunciar abusos de corrupción o participar en protestas pacificas”, dijo Blinken, quien lamentó que estos reos políticos sean objeto de torturas.
En el panel también participó Rayhan Asat, abogado de derechos humanos, así como Tatsiana Khomich, hermana de la activista de la oposición bielorrusa Maryja Kalesnikawa, quien se encuentra detenida.
Sobre arrestos en Nicaragua
En Nicaragua se han registrado al menos 40 detenciones que iniciaron a mediados de 2021, meses antes de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega buscaba una nueva reelección sin competencia, tras detener a sus principales rivales, según sus críticos.
De las 40 detenciones, siete eran opositores que aspiraban competir en el proceso electoral de 2021 y encabezaban las encuestas como favoritos.
De los 40 presos políticos que hay en Nicaragua, 7 eran aspirantes a la presidencia. Foto VOA.
Cárdenas dijo al respecto que este 8 de diciembre se cumplen seis meses del arresto de su esposo, quien fue sacado con violencia de su vivienda por al menos 40 agentes.
“Ortega mató nuestra democracia y solidificó el autoritarismo”, expuso.
“Durante muchos días no sabíamos si estaba vivo. Ha estado incomunicado por semanas, todos los días que está en esa celda, temo por su vida”, agregó Cárdenas en el foro.
De igual forma denunció la continuación de los arrestos contra otros opositores, entre ellos exdiplomáticos, periodistas y activistas de derechos humanos.
La detención más reciente en Nicaragua se dio el 22 de noviembre, cuando el octogenario exdiplomático Edgar Parrales cuestionó en televisión nacional la decisión de Daniel Ortega de retirar al país centroamericano de la OEA.
También lea La OEA aprueba resolución sobre Nicaragua por incumplimiento de la Carta Democrática InteramericanaCárdenas señaló que los procesos judiciales contra Chamorro y el resto de opositores en Nicaragua permanecen suspendidos de forma indefinida, prologando así la zozobra de los familiares.
También enfatizó que los reos políticos son sometidos a aislamientos e interrogatorios contantes y tratos inhumanos por parte del gobierno de Daniel Ortega.
De hecho, su hermana, Ana María Chamorro, subrayó a la VOA que la última vez que accedió a una visita para conversar con el opositor, lucía delgado y solo le permitían ver el sol una vez cada 10 días.
“La comida igual es mala. Sigue bajando de peso. Su espíritu muy fuerte”, comentó Ana María Chamorro.
También lea Organizaciones pro derechos humanos alertan de “la perpetuación” de la represión en NicaraguaJuan Sebastián Chamorro es acusado por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional”, un delito que según su esposa, podría se penalizado con entre 15 y 20 años de prisión.
Al respecto, Uzra Zeya, Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, recordó que Washington pedía la liberación inmediata para todos los prisioneros políticos y enfatizó que sabían de la “enorme carga que es esto para los familiares de presos políticos”.
En ese sentido Victoria Cárdenas pidió a la comunidad internacional “responder ante este asalto a la democracia y decirle a Ortega que suelte a nuestros seres queridos”.
Cárdenas finalizó su exposición en el foro denunciando que tras reuniones con funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, “el régimen de Ortega nos acusó de traición a la patria”, por lo que regresar a Nicaragua “podría costarnos la cárcel”.
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