El Gobierno de Nicaragua sorprendió el 20 de mayo al anunciar una investigación sobre los indicios de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, después de cuatro meses de que la organización anunciara su cierre tras negarse a inscribirse como agente extranjero y no pudiera continuar recibiendo fondos de la comunidad internacional.
La Fiscalía Nacional ha citado como parte de las investigaciones a varios periodistas independientes en calidad de “entrevistados” para indagar sobre el caso, en un hecho que varios de ellos interpretan como un mecanismo más de presión contra la prensa nacional e internacional.
“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros. Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, alegó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.
Analistas políticos y juristas consultados sobre el tema explicaron a la Voz de América que el caso contra la Fundación Chamorro y su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios, tiene claros tintes políticos ya que las organizaciones sin fines de lucro están bajo estricta supervisión en el país.
También lea EE. UU. rechaza acusaciones en Nicaragua contra la Fundación ChamorroLa jurista y académica, María Asunción Moreno, dijo a la VOA que la situación difícilmente admite un análisis jurídico legal, ya que a su criterio se trata de un caso de persecución política.
"Para empezar el caso tiene su origen en el Ministerio de gobernación donde hay un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo no se cumplió y además se violenta el derecho a la defensa de la fundación… desde ahí, todo es arbitrario e ilegal¨, explicó.
Mientras, el analista político y economista Enrique Sáenz sostiene que los objetivos inmediatos del gobierno son “golpear a los medios de comunicación independientes a los que considera sus enemigos”.
Como segundo objetivo Sáenz considera que el gobierno sandinista pretende inhibir políticamente la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro.
“Es obvio, le da terror la posibilidad de que se repita lo de 1990 y la persona que sintetiza en ella misma esa experiencia dolorosa para Ortega, es golpear políticamente a quien él considera la principal amenaza”, explicó.
También lea Nicaragua: Fiscalía investiga a periodistasHasta ahora el Gobierno no ha dado detalles sobre los indicios de posible lavado de dinero pero la abogada Heylin Cruz, quien brindó acompañamiento legal a Verónica Chávez, exdirectora general de 100% Noticias, comentó que el centro de las investigaciones son el apoyo al periodismo nicaragüense, lo que no constituye un delito.
Cruz señaló que la dirección de la investigación "es que los medios de comunicación han recibido capacitación, han recibido algún tipo de talleres, algún vínculo, alguna donación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro".
Un proceso controlado
El control del Ministerio de Gobernación recae en verificar el origen de los fondos externos que reciben estas organizaciones de acuerdo con la ley 977, o 'Ley contra el lavado de activos', el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hasta ahora la única información filtrada a través de medios y periodistas oficialistas está relacionada con programas de apoyo al periodismo nicaragüenses con fuentes de financiamiento como la Agencia Estadounidense para el desarrollo internacional, (USAID, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la jurista Moreno aclara que los recursos provenientes de un organismo de cooperación reconocido a nivel mundial y que en Nicaragua brinda asistencia desde 1962 no pueden calificarse como recursos ilícitos porque la agencia de cooperación de Estados Unidos funciona con impuestos aportados por los estadounidenses.
“Parte de las ilegalidades es que no se sabe qué fondos se están investigando, pero lo que sí se puede decir con mucha certeza es que la cooperación internacional o la cooperación extranjera no cabe dentro de la posibilidad de un tipo penal lavado de dinero. Lo normal hasta la aprobación de la ley de agentes extranjeros es que inclusive hasta el propio gobierno recibía cooperación para programas sociales”, explicó.
También lea Apagón informativo: las armas de Ortega contra la libertad de expresiónSegún el grupo de acción financiera de Latinoamérica el lavado de dinero consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas. Estos recursos provienen del “narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guantes blancos, extorsión, secuestro, piratería”.
Cristiana Chamorro explicó a través de sus redes sociales, que las fuentes de financiamiento de la fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional. Algunas de ellas eran las Naciones Unidas, Cosude y USAID, agencia que ya ha rechazado las acusaciones de irregularidades. Y recordó que el Ministerio de gobernación hacia una verificación constante de la información de acuerdo con lo establecido por la ley.
Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícito de los fondos que se habrían lavado a través de la oenegé.
La Fiscalía continúa citando a periodistas para ser entrevistados y en una segunda lista se incluye a directores y propietarios de medios comunitarios como el periodista Aníbal Toruño de Radio Diario y Roberto Mora de Radio ABC Stereo en Estelí.
En tanto, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió en sus redes sociales que “no hay un solo poder del Estado que esté por fuera del sofisticado dispositivo de censura que se ha activado en Nicaragua”. Los citatorios a periodistas por parte de la Fiscalía “son el más reciente método para intimidar y asfixiar el debate público”, subrayó.
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