El Congreso de Estados Unidos emitió esta mañana la esperada lista Engel que incluye a 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños, todos funcionarios de gobiernos activos o exservidores públicos a los que Estados Unidos señala de estar involucrados en actos de corrupción o de socavar de forma deliberada la democracia en esos países.
“Este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité Judicial de la Cámara y el Comité Judicial del Senado… este informe identifica a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala y Honduras: 1) que se determina que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas; 2) personas determinadas a tener conocimiento comprometido de corrupción significativa”, reza el sumario del reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes.
También lea Estados Unidos opta por combate frontal a corrupción en Centroamérica“Estados Unidos continuará utilizando una variedad de herramientas diplomáticas y económicas, incluidas acciones como estas, para arrojar luz sobre la corrupción y fomentar el fortalecimiento de las instituciones democráticas para que nuestros vecinos de Centroamérica puedan construir un futuro más brillante para sus comunidades”, dijo más tarde el secretario de Prensa del Departamento de Estado, Ned Price en un intercambio con los periodistas el jueves.
También se agrega antes de desplegar la lista de señalados que estas personas se han involucrado “a sabiendas en la obstrucción de investigaciones de tales actos de corrupción”, que va desde contratos gubernamentales, sobornos y extorsión.
Además de transferencia de recursos obtenidos por “incluso a través de lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, agrega.
Entre los 14 sindicados en la lista de El Salvador figuran miembros del ejecutivo de Nayib Bukele entre los que se destacan el jefe de Asuntos Jurídicos de la presidencia, el Ministro de Trabajo, el Viceministro de Seguridad y director de centros penales y la jefa de gabinete; además de cercanos colaboradores de Bukele como Walter Araujo y José Luis Merino, este último señalado con anterioridad por Estados Unidos por estar atrás de la estratagema de lavado de dinero a través del grupo Alba Petróleos.
De Guatemala la lista incluye a exfuncionarios como el expresidente Álvaro Colom y figuras en activo de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa Nacional; también a personas de organizaciones no gubernamentales que han participado en actos de corrupción en el país, según fuentes del Departamento de Estado.
De este país centroamericano destacan Nester Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad con amplios poderes e influencia que le permite el cargo en la máxima instancia judicial del país.
También Ricardo Méndez Ruiz, activista de la Fundación contra el terrorismo, reconocido por acosar a defensores de derechos humanos y periodistas. Este ha presentado sucesivas demandas contra el único fiscal anticorrupción confiable del país.
A Méndez Ruiz se suma Gustavo Alejos Cambara que aunque no ostenta cargo público es un reconocido operador político detrás de la elección de magistrados y otros altos cargos, por mencionar algunos.
En la lista Engel no aparecen funcionario en activo del gobierno de Alejandro Giammattei que comprometan al ejecutivo centroamericano, el que tiene por ahora la más estrecha relación diplomática con Washington de cara al mega plan de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica enfocado en una fuerte donación de 4.000 millones de dólares para reducir las migraciones irregulares.
Y de Honduras la lista incluye a 14 miembros de la Asamblea Legislativa Nacional y ex funcionarios de gobierno; no obstante, ningún funcionario del ejecutivo de Juan Orlando Hernández en activo aparece en la lista.
La lista hondureña incluye en su mayoría a funcionarios del legislativo y al matrimonio presidencial de la administración de José Porfirio Lobo y su esposa Rosa Elena Bonilla de Lobo, Marco Antonio Bogran Corrales, exdirector of INVEST-H, señalado de corrupción de fondos públicos durante la pandemia COVID-19 y Gustavo Alberto Perez, diputado nacional investigado por corrupción y extracción de cientos de miles de dólares en varias agencias del gobierno hondureño.
Esta lista, que según manda la Ley del Congreso aprobada en 2020, seguirá ampliándose por lo que no se daría por terminada con esta publicación; en principio la sanción para los señalados es la cancelación de visas, pero en otras agencias federales podrían compilar información financiera que conlleve a otro tipo de sanciones aplicando el andamiaje jurídico de Estados Unidos, según expertos en la materia.
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