Estados Unidos ha decidido impulsar un combate frontal contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, tema crucial para revitalizar la subregión formada por Guatemala, Honduras y El Salvador, territorios castigados además por inestabilidad política, inseguridad ciudadana, déficit alimentarios y desastres naturales.
Entre los acuerdos de la visita de este lunes de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala destaca el plan conjunto con el país centroamericano para perseguir la corrupción más allá de sus propios límites fronterizos.
La Casa Blanca ha anunciado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos creará un equipo de trabajo para investigar y castigar actos de corrupción en Guatemala, pero también en los otros dos países incluidos en la estrategia para el Triángulo Norte.
La línea central del acuerdo, según consignó la Casa Blanca en un comunicado, va dirigida a juzgar casos y confiscar bienes “obtenidos ilegalmente como resultado de la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras”.
A la vez, se robustecerá la capacidad técnica con asesores legales y apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de Guatemala, para impulsar las investigaciones y desarrollar “capacidad de respuesta rápida que permitan movilizar a fiscales y especialistas en aplicación de la ley estadounidense para que brinden tutorías con el fin de preparar causas sobre corrupción”, afirmó la Casa Blanca.
El Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo poco antes de conocerse los alcances del acuerdo que Estados Unidos está con las víctimas de la corrupción y que actores de la sociedad civil y el sector privado son clave para el esfuerzo del decidido combate al problema.
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La sociedad civil aliada en la apuesta
Mientras Estados Unidos y la Unión Europea empeñan su apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil ante la imperante corrupción en los países del norte centroamericano que -según estimaciones de estos cooperantes-, por corrupción se esfuman de las arcas públicas de esos países al menos 13.000 millones de dólares cada año.
Dos días antes de la llegada de la vicepresidenta Harris a Guatemala, fue presentada desde la Fundación Internacional Seattle (SIF), en Estados Unidos, el Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), instancia donde 10 organizaciones de la región coinciden en puntos estratégicos para desafiar las redes de corruptela.
El esfuerzo reviste importancia dice Roberto Rubio, representante de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, porque es la primera vez que se articula y se ponen en acción las capacidades instaladas desde organizaciones de la sociedad civil en los tres países.
También valora que el CCINOC no responde a ninguna estructura de poder como “gobiernos, partidos políticos, grupos económicos”, sino al genuino esfuerzo de organizaciones que por años han señalado el problema.
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Alertas ente desmantelamiento de instancias anticorrupción
Poner en marcha un centro de trabajo conjunto para denunciar la corrupción es resultado de observar el paulatino desmantelamiento de instancias creadas en los estados con apoyo internacional para atacar la corrupción.
Justo un día después de ser presentado el CCINOC, el Gobierno de El Salvador –a través de su fiscal general- anunció la anulación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y el presidente Nayib Bukele atacó a la Organización de Estados Americanos, OEA, que apoyaba el trabajo, aduciendo pérdida de confianza en el ente hemisférico.
La OEA no tardó en responder con serios argumentos al Gobierno de turno salvadoreño, -que según deja ver el organismo en Washington- quiso utilizar la Comisión para hacer persecución contra opositores, punto contradictorio del convenio firmado en 2019. La CICIES era anuente a investigar supuestos actos de corrupción de funcionarios del Gobierno salvadoreño actual, según relatan medios de comunicación locales.
“Vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”, dijo Bukele en su defensa ante la escalada de reacciones internacionales.
El caso salvadoreño es otro más en la lista de esfuerzos como el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desmantelada por el gobierno anterior, al ver cuadros suyos acorralados por investigaciones. En 12 años esa instancia auspiciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) llegó a tocar argollas de altos niveles del gobierno.
Igual suerte tuvo la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), disuelta a inicios de 2020, a menos de cuatro años de haber sido creada con apoyo de la OEA.
Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana en Guatemala dice que luego de ver leves avances llega un contraataque desde los estamentos de poder para debilitar aún más a los actores locales que combaten el flagelo.
"¿Qué vamos a hacer frente al contraataque que están sufriendo sobre todo jueces, fiscales independientes que enjuiciaron a peces grandes de la corrupción?... vemos como esa contraofensiva en cada uno de los países se está traduciendo en el desmantelamiento de los mecanismos anticorrupción", advierte Marroquín.
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Una prensa independiente es crucial
Por ahora muchos casos de corrupción en Centroamérica salen a la luz a partir de investigaciones periodísticas, coinciden estos expertos de la región congregados en ese centro que se perfila como un puente de la sociedad civil hacia la comunidad internacional.
Los acosos contra periodistas y defensores de derechos humanos no son desconocidos apunta Carlos Hernández de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en Honduras, porque el norte centroamericano presenta un cuadro muy complejo donde convergen varias problemáticas aunadas a la corrupción.
“Daremos seguimiento legal y mediático a casos de corrupción en cada uno de los tres países miembros… haremos monitoreo y se informará oportunamente de las amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”, acota Hernández.
Para el analista Eric Olson, director de Políticas Estratégicas, de SIF, el tema de corrupción va más allá del saqueo de los fondos públicos, que ya es un serio problema porque se debilitan las capacidades de respuesta de los estados a las necesidades de la población en todos sus niveles.
Pero también porque las estructuras de corrupción terminan minando el desarrollo económico, y los países del Triángulo Norte son una clara evidencia del problema, comenta Olson desde Washington a la Voz de América.
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Bajo esta problemática es claro –a su criterio- que el que parece ser un decidido combate a la corrupción por parte de Estados Unidos es crucial para ver frutos en el esfuerzo regional que como punto principal tiene la finalidad de reducir las migraciones irregulares; pero antes se deben corregir las falencias existentes y evidentes problemas como la corrupción.
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