El motivo de las detenciones de cinco exfuncionarios del opositor Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no está claro para los abogados Marcela Galeas y Eduardo Escobar.
Los abogados señalan que la Fiscalía salvadoreña aún no presenta ante un juez el requerimiento que detalla los delitos por los que acusa a los exfuncionarios. Así como no ha establecido de manera individual las razones de las aprehensiones.
Violeta Menjivar, exalcaldesa de San Salvador, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, Erlinda Handal, exviceministra de Ciencia y Tecnología, Hugo Flores, exviceministro de Agricultura y Calixto Mejía, exdiputado, fueron detenidos el 22 de julio por sospecha de haber cometido lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014.
Las detenciones se dieron por orden administrativa emitida por la Fiscalía. No obstante, la abogada Marcela Galeas explicó a la Voz de América que, a diferencia de las órdenes de captura emitidas por un juez, la orden de detención administrativa debe estar sustentada en el Código Procesal Penal.
“Primero, deben existir elementos de convicción suficientes para sostener la existencia de un delito. Además, el delito señalado debe tener una pena de prisión superior a los 3 años”, dijo.
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Abogada Marcela Galeas
Pero determinar si la Fiscalía tiene o no los elementos suficientes para aprehender a los exfuncionarios no es fácil, pues “ni los abogados ni los ciudadanos ni la prensa han tenido acceso al detalle de las acusaciones”, agrega la abogada.
Eso no significa que la orden de captura administrativa no sea válida. Galeas asegura que, al igual que la orden de captura emitida por un juez o la ejecutada en flagrancia, las capturas administrativas tienen el mismo propósito que las anteriores: que los sospechosos no se den a la fuga.
Un hecho que ya ocurrió, asegura el Ministerio Público, pues además de los cinco exfuncionarios capturados, la Fiscalía busca aprehender a Gerson Martínez y Manuel Quinteros, exviceministros de Obras Públicas; a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; a José Guillermo López, exministro de Agricultura y al expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó el país centroamericano entre 2014 y 2019 y además, fue vicepresidente de El Salvador en el período que abarca la investigación fiscal.
Pero las detenciones de estos últimos no han sido posibles. A excepción de Gerson Martínez, la Fiscalía asegura que el resto se encuentra fuera del país por lo que pedirá ante un juez una orden de captura internacional contra los imputados.
¿En qué contexto se dan las capturas?
El Salvador lleva varias semanas de altibajos. Desde la publicación de la lista Engel, dada a conocer por el Congreso estadounidense a inicios de julio, y en la que aparecen siete funcionarios y exfuncionarios del presidente Nayib Bukele, el mandatario ha asegurado que en la lista hicieron falta nombres.
Y su postura la basa en investigaciones fiscales que afirman que durante los treinta años en los que gobernaron los partidos ARENA y el FMLN, hoy reducidos a minoría en el Congreso, hubo malversaciones de fondos públicos, entre los que figuran supuestos sobresueldos entregados a estos exfuncionarios y a periodistas a cambio de favores políticos.
Hoy la Fiscalía los acusa de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito dado que el sistema penal no tiene un delito específico para la recepción de sobresueldos.
Los montos que supuestamente recibieron los exfuncionarios oscilaron entre los 174.000 y 565.000 dólares a parte del salario mensual; además de propiciar transferencias de dinero sin autorizaciones de la Asamblea.
Pero el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana considera que si el sistema busca prevenir o anular la corrupción en el Estado, se deben investigar no solo a exfuncionarios sino también a los que ejercen actualmente.
“Me parece que la narrativa es desacreditar el listado Engel y crear una lista paralela que, según el gobierno son los verdaderos corruptos”, dijo a la Voz de América.
Cuatro días luego de la publicación del listado Engel, el fiscal general Rodolfo Delgado, quien funge desde el 1 de mayo tras las destituciones de los magistrados de la Corte Suprema y del exfiscal general, dijo que lo que para la nación norteamericana es delito puede no aplicar para El Salvador.
Esto en relación a la lista elaborada por el Congreso estadounidense que señala de corrupción a siete funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno, a tres miembros del partido ARENA y a dos del FMLN, así como a empresarios.
Pero el contexto político salvadoreño añade más escenarios: el país está cerca de operar legalmente con bitcoines, una criptomoneda no aceptada aún entre algunos salvadoreños que no cuentan con las condiciones de conectividad para operar con la criptomoneda.
De igual manera, el Centro para la Defensoría del Consumidor registra un aumento de entre el 20% y el 40% en los precios de los alimentos. Así como en la energía eléctrica y el combustible. Hechos que, a criterio de Escobar, han tensado el ambiente político en El Salvador.
Opositores lo llaman “persecución política”
"Todas las acciones que está emprendiendo el Gobierno no tienen que ver con la legalidad, ni con la institucionalidad, ni con la transparencia, sino que tienen que ver con la instalación creciente y acelerada de una neodictadura”, aseguró el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, en su segunda conferencia de prensa tras las capturas de los militantes de su partido.
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secretario general del FMLN, Óscar Ortiz
Ortiz asegura que las detenciones de los exfuncionarios violaron los derechos civiles y humanos de los imputados al negarseles, en las primeras horas de sus capturas, el acompañamiento de un abogado defensor.
Asimismo, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, denunció que a los exfuncionarios no les notificaron las razones de su captura y los llevaron sin motivos a las delegaciones policiales.
Lo que para la Fiscalía es legal, para algunos abogados y opositores es violación de las garantías judiciales.
“Existe el principio de inviolabilidad de la defensa y eso es básicamente que la persona debe tener acceso a un abogado para que defienda sus intereses legítimos y de manera oportuna. (…) Aquí podría existir una vulneración al principio de esa defensa”, aseguró Galeas.
Miembros del FMLN denunciaron el viernes 23 de julio que afuera de sus casas hay vigilancia con patrullas policiales y drones. La institución policial no ha confirmado los hechos.
Ni Estados Unidos ni el resto de la representación diplomática en El Salvador se han pronunciado por las capturas. Únicamente organizaciones salvadoreñas han exigido respetar el debido proceso en el caso.
Algo Bukele cuestionó: “¿Por qué será que los autodenominados “paladines anti corrupción” defienden a todos los corruptos?”.
La Fiscalía tiene 72 horas, luego de las capturas, para presentar el requerimiento ante un juez. Mientras tanto, abogados piden que prime el principio de inocencia.
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