El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta una nueva solicitud de antejuicio, pero, esta vez es promovida por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que lo acusa de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución, derivado de sus afirmaciones del 27 de agosto de 2017 cuando declaró “non grato” al entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.
Según el Ministerio Público, el exgobernante podría haber violentado los artículos 182 segundo párrafo y 194 de la Constitución Política de la República, el artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo y el Artículo 12 del Acuerdo suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas -ONU- y el Estado de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.
Esta situación es considerada por el analista Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos -IPNUSAC-, como un mensaje a la población de que los procesos continúan y nadie está fuera del alcance de la ley. Indicó que esta solicitud sienta un precedente de que “sin CICIG, sin Iván Velásquez, sin Thelma Aldana, los procesos continúan”, y manda el mensaje que se sigue la investigación de las denuncias que en su momento fueron noticia y generaron mucho debate y controversia en el país.
Actualmente, el expresidente goza de inmunidad porque inmediatamente después de entregar la presidencia el 14 de enero de este año, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, pero Castillo explica que, si el juez a cargo encuentra las razones suficientes, esa inmunidad podría ser retirada para enfrentar el proceso. “La inmunidad que da el Parlamento Centroamericano no exime de la investigación de las estructuras jurisdiccionales de los Estados a los cuales pertenecen y representan”, refirió.
También lea Guatemala: Ante juicio expresidente MoralesAdemás, Castillo indica que hay un fortalecimiento de la institucionalidad jurisdiccional en Guatemala, luego de 10 años en que la CICIG tuvo presencia en Guatemala.
“Hay que recordarle a la población que constitucionalmente, los trabajadores públicos y funcionarios pueden ser perseguidos hasta por 20 años luego que dejan el cargo y esto no suele suceder siempre, es un buen indicio que los procesos continúen, se esclarezcan los hechos”, agregó el analista.
La semana pasada el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, reiteró que la corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica y que Estados Unidos sigue muy de cerca el trabajo anticorrupción que se realiza en los tres países, y apoya la formación de un grupo anticorrupción.
La CICIG funcionó en Guatemala desde diciembre de 2006 y fue disuelta el 3 de septiembre de 2019, durante la administración de Jimmy Morales. Si el antejuicio procede, Morales se sumaría a la lista de ex presidentes guatemaltecos que han enfrentado a la justicia como Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Alfonso Portillo.
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