El expresidente salvadoreño Elías Antonio 'Tony' Saca, confirmó frente a miembros del Congreso que se utilizó dinero de los gastos reservados de la presidencia de la República para pagar a funcionarios del Gobierno sobresueldos o bonificaciones que no fueron fiscalizados. Medios de comunicación también estaban dentro de la partida.
Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 2009, cumple una pena mínima de 10 años en prisión luego de haber sido acusado por el Ministerio Público de malversación de más de 300 millones de dólares durante su gestión.
Durante una comparecencia especial el miércoles, ante una comisión del Congreso salvadoreño designada para investigar “sobresueldos a funcionarios”, Saca confirmó que su Administración realizó transferencias a “magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales generales y partidos políticos”.
Entre los mencionados por el expresidente, que gobernó bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), están el ex secretario general de la policía Ciro Cruz Zepeda, el congresista Rodolfo Parker y los exfiscales Belisario Artiga y Félix Garrid Safie, entre otros que engrosan la lista.
Su entonces vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, según Saca, también recibió 10.000 dólares mensuales durante cinco años además de su salario. Los ingresos no fueron declarados y no se pagaron los respectivos impuestos.
El Congreso salvadoreño hizo público en su portal web el jueves el listado completo de personas que recibieron dinero por parte de la Administración Saca.
Saca, citado por medios locales e internacionales como AP, dijo que el pago de sobresueldos era una práctica común sostenida durante los diferentes Gobiernos del país, incluyendo a su predecesor Francisco Flores, también de ARENA.
Horas antes, otro expresidente de ARENA, Alfredo Cristiani, que gobernó de 1989-1994, también compareció ante la comisión, durante su interrogatorio, si bien se limitó a decir una y otra vez que durante su mandato “todo lo que se hizo fue lícito”.
El exmandatario además se defendió señalando a los congresistas que, si poseían pruebas de que él cometió algún ilícito durante su gestión, las presentarán “a las instituciones pertinentes”.
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