Con más de 80.000 casos de coronavirus y cerca de 3.000 muertes, Guatemala prosigue la reapertura económica que comenzó hace un mes con centros comerciales, restaurantes, hoteles, y la reactivación del transporte público, mientras las fronteras terrestres y aéreas serán abiertas el próximo 18 de septiembre.
En un sondeo de la Voz de América, los guatemaltecos expresaron opiniones a favor y en contra del manejo que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei le ha dado a la crisis económica y sanitaria que comenzó hace seis meses.
José Salazar, quien trabaja actualmente como mecánico, considera que el inicio de la gestión ante la crisis fue bueno, pero debieron seguir las limitaciones de movilidad.
“Pienso que el gobierno inició ante esta crisis de una buena manera, pero no sé si fue porque se cansaron de repetirle a las personas que hicieran caso, que se cuidaran y no lo hacían, o porque de verdad se despreocuparon, pero después ya empezaron a bajar las restricciones”, dijo Salazar.
Carlos Quiñónez, tiene 30 años y critica la falta de equipo adecuado para el personal médico que atiende a pacientes en primera línea.
“Aún teniendo los recursos económicos, teniendo el dinero para poder hacer compras no lo hicieron, dejando desprotegidos a los trabajadores salubristas”, señaló y dijo que también se dejó de atender otras enfermedades. “Ahora la gente se está muriendo por esas otras enfermedades y por COVID”, expresó.
Sonia Pablo es una de las beneficiarias del Bono Familia, una ayuda de 1.000 quetzales (unos 133 dólares) que el gobierno ha dado a algunos guatemaltecos. Sonia asegura que aún espera la segunda entrega del bono, pero califica de positiva la gestión de las autoridades.
“Yo siento que sí han llevado un buen trabajo, pero no solo ellos son los que tienen que llevar eso, sino que uno también se tiene que cuidar en todas las recomendaciones que ellos han hecho”, indicó la guatemalteca de 43 años.
Al respecto el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, explica que dicho bono es dirigido a personas afectadas que tienen un consumo de energía eléctrica menor a 200 kilovatios y los beneficiarios son seleccionados de acuerdo con el reporte de las empresas distribuidoras.
“Hemos llegado a 2.653.000 personas inscritas como beneficiarios. Hasta el momento se ha ejecutado un 73% de los 6.000 millones de quetzales destinados para el programa”, explicó el funcionario. Agregó que todas las personas que están inscritas como beneficiarios tienen garantizados tres aportes de Bono Familia.
Curva de casos desciende
El doctor Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, IPNUSAC, considera que ha sido bastante cuestionada la forma en que el gobierno ha abordado la pandemia, tomando en cuenta que acababa de asumir el poder cuando comenzó la crisis.
“Básicamente, la respuesta fue dándose al mismo tiempo y eso generó que se improvisara y los servicios han ido reflejando ciertas dificultades en la gestión de recursos, en la asignación presupuestaria, en el pago de salarios”, refirió Chávez.
Agregó que existe falta de transparencia en la información que proporcionan las autoridades de salud.
“Hoy por hoy, tenemos una epidemia donde el comportamiento supuestamente va a la baja, pero es una situación cuestionable porque, así como va a la baja la cantidad de casos positivos, así va a baja la cantidad de diagnósticos que van desarrollando. Es una burbuja artificial generada por la falta de pruebas”, dijo Chávez.
A lo cual, la ministra de salud, Amelia Flores, respondió que la disminución de las pruebas es producto de un descenso real de casos.
“Hay menos sintomáticos que necesiten las pruebas, sin embargo, hemos analizado que la población no tiene la información total de dónde están las pruebas”, refirió.
El viceministro de salud, Francisco Coma, indicó recientemente que hay una disponibilidad de más de 47.000 pruebas en sus distintas modalidades, y que esperan fortalecer la atención en los hospitales creados únicamente para la atención de la COVID-19, para que los demás puedan regresar a atender normalmente a sus pacientes a partir de noviembre.
“La visión es habilitar más camas para atención de pacientes COVID fuera de los hospitales nacionales, para que ellos puedan regresar a la normalidad lo más pronto posible. Aunque tenemos que ser conscientes que, si hay muchos casos de COVID que requerirán hospitalización, tendrán que volver todos los hospitales para tratar de salvar más vidas”, aseguró el funcionario.
En tanto, en opinión del médico investigador Joaquín Barnoya, hace falta más información del comportamiento de la enfermedad en Guatemala.
“El Ministerio de Salud no ha dado datos de cuáles son los factores asociados a la mortalidad, sí sabemos que es más en hombres, pero no sabemos si estos hombres eran obesos, eran diabéticos, eran hipertensos, si eran fumadores”, indicó Barnoya, quien considera que hace falta un abordaje basado en datos propios de Guatemala para prevenir a la población.