Este lunes, 19 de abril, se cumplen tres años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó, un día después, en una serie de manifestaciones contra el mandato del presidente Daniel Ortega. El Gobierno sandinista calificó el hecho de intento de golpe de Estado.
La represión a las protestas dejó cientos de muertos y detenidos además de miles de desplazados. Tres años después los familiares de las víctimas de la presión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en un contexto que sólo parece haber empeorado ante nuevas medidas legales y operativas puestas en marcha por el Gobierno para impedir cualquier tipo de manifestación popular.
Francys Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral para lograr acceder a la justicia.
"Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se convierte en un escalón partidario, y que las organizaciones políticas que surgieron al calor de las manifestaciones de abril terminen enfocados en candidaturas, en casillas, listas, procesos electorales internos y no retomar la luchas por la justicia, democracia y la liberación de todos los presos y presas políticas", aseguró.
También lea "Hay represión e impunidad": Amnistía Internacional alerta de la grave situación en NicaraguaEn tres años, las familias de las víctimas no han podido acceder a la justicia, un derecho que se les negó desde la primera instancia que fue el Ministerio Público. Desde entonces, han sufrido diferentes escalas de represión que van desde la persecución, los encarcelamientos, los asedios, las profanaciones de tumbas y la obstaculización para realizar actividades conmemorativas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló, a través de un informe titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos”, que desde el 18 de abril de 2018, ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad en el contexto de esta crisis.
Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, dijo a la Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles sufriendo malos tratos y torturas.
“Se han introducido lo que son las físicas y verbales a los presos políticos, los están mezclando con presos comunes para estar bajo amenaza de estos, ya que estos se prestan al sistema penitenciario para estar hostigando a los presos políticos", señaló.
El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua, a través de su informe, a cumplir 27 recomendaciones entre las cuales incluye la demanda de “libertad a las personas que hayan sido detenidas en ese contexto o por las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria; y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan en las protestas o se manifiestan contra el Gobierno”.
En tanto, el domingo distintas expresiones de resistencia ciudadana lograron burlar el estado policial que impera en el país.
De forma clandestina, los ciudadanos sumaron acciones de protesta que se extendieron en varios puntos del país, especialmente en Managua y Bluefields. La Articulación de Movimientos Sociales informó, a través de sus redes sociales, que desde la noche del viernes, los integrantes de la organización realizaron “jornadas conmemorativas”, pese al asedio policial y las constantes amenazas que reciben.
Abril en resistencia por los familiares de los presos políticos, por las víctimas, por todos los asesinados. Sigamos en resistencia hasta lograr la libertad de Nicaragua”, dijeron los integrantes de la Articulación de Movimientos Sociales, en un video corto que grabaron mientras colocaban un cartel en las afueras de la Iglesia Divina Misericordia, en Managua.
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Entre los mensajes divulgados por la Articulación de Movimientos sociales se leían: “Yo no olvido Abril” y “Abril en resistencia”. Mientras la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua demandó, a través de un pronunciamiento público "libertad, justicia y democracia".
"A tres años de ese 18 de abril, la lucha sigue, y el espíritu de lucha y valentía de los nicaragüenses sigue intacto, por lo que en este año 2021 el pueblo de Nicaragua permanece firme demandando libertad, justicia y democracia y con esperanza de un futuro en paz", señaló la Alianza Cívica, en una declaración.
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