La oposición nicaragüense, cuya división desde hace más de una década llevó al presidente Daniel Ortega al poder en 2007, enfrenta una de sus peores crisis tras varios intentos fallidos de unidad de cara a los comicios presidenciales programados para 2021.
El lunes, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, una de las organizaciones opositoras más importantes del país, formada tras las protestas de 2018, anunció su separación de la llamada Coalición Nacional, nacida un año después con la esperanza de aglutinar a la mayoría de las organizaciones políticas, sociales y empresariales adversas a Ortega.
El grupo alegó que ha persistido “el afán de organizaciones políticas que no abandonan viejas prácticas antidemocráticas, impositivas, cayendo en las discusiones sectarias y conflictos internos estériles, así como en la política de la descalificación”.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, indicó que dentro de la Coalición Nacional supuestamente se cerraron puertas a los movimientos estudiantiles y “eso generó una gran discusión en lo interno de la Alianza”.
“Lo dijimos en su momento, pero esa fisura se volvió mayor cuando la Coalición Nacional empezó a parecer partido político”, dijo Chamorro.
Agregó que “entonces esto no es una ruptura, no nos estamos peleando con nadie, queremos tener una relación respetuosa con todos los opositores, la opción que tenemos es retomar el tema de la unidad, pero unidad no es solo Coalición Nacional”.
También lea Nicaragua: oposición forma Coalición Nacional contra OrtegaChamorro también pidió respeto para los miembros de la Alianza que “se la jugaron” en abril de 2018, pero que han sido “excluidos” y “rechazados” por la Coalición.
Inicialmente la Coalición Nacional nació con siete movimientos y partidos políticos. Estos últimos han generado un sinnúmero de conflictos tras nombrar a polémicos miembros, sobre todo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo presidente honorario es el expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, considerado por Amnistía Internacional como uno de los funcionarios más corruptos de América Latina.
“La unidad falló”
El empresario y presidente de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM) Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, dijo a la Voz de América que ahora intentarán abrir un diálogo con todos los sectores de fuera y dentro de la Coalición Nacional para ver cómo podrían constituir una alianza electoral unitaria para las próximas elecciones.
“La unidad falló”, expresó Arana, quien considera que fue a causa de partidos que intentaron hegemonizar el proceso de unidad, algo que él no ve como “viable”. “Tiene que haber balance, tiene que haber un espíritu de inclusión, no exclusión.
Según el empresario, “eso ha llevado a todo tipo de incriminaciones. Eso tiene que ser trascendido, no tenemos que seguir en discusiones estériles, aquí cabemos todos, debemos caber todos para lograr el objetivo que es transformar Nicaragua”.
Lamentan salida de la Alianza Cívica
Algunas organizaciones, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, que también surgieron en plena crisis política de 2018, lamentaron la decisión de la Alianza Cívica y consideraron que no “abona a los intentos” que se están haciendo para sacar a Ortega del poder.
“Esta noticia la tomamos con mucha tristeza porque desde la Unidad Nacional junto con la Alianza Cívica fuimos promotores de este proyecto llamado Coalición Nacional. Hay que tener claro que necesitamos un solo bloque para salir de esta dictadura. Esa decisión solo contribuye a no salir del régimen”, lamentó Tamara Dávila, miembro de la UNAB.
Por otro lado, rechazó los señalamientos de la Alianza Cívica durante la conferencia de prensa, en donde acusó a algunos miembros de haber sido aliados a Ortega anteriormente.
“Aquí todos tenemos cola y para nadie es secreto que la empresa privada y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) tuvo un matrimonio durante 11 años con el régimen. Aquí no hay excusa, tenemos que unirnos para salir de la situación en la que estamos, son excusas y es lo que la gente no tolera”, concluyó Dávila.
Todo esto ocurre mientras Ortega endurece las leyes del país para arrinconar a la oposición y poner en desventaja a los posibles candidatos presidenciales, según apuntan los analistas políticos.