Este fin de semana se venció el plazo de 60 días para que las organizaciones sociales en Nicaragua que reciben fondos de la cooperación internacional se registren ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros, según lo dictamina la reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional y que entró en vigor el pasado 19 de octubre.
Con esta ley, el gobierno se otorga las facultades para hacer espionaje financiero, intervenir fondos y hasta suspender personerías jurídicas, según denuncian organizaciones sociales y movimientos políticos.
De acuerdo con un informe, emitido por la Fundación del Río y la Fundación Popol Na, Nicaragua atraviesa una “cuarta etapa” de violaciones a la libertad de asociación, que “se caracteriza por la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro, para pretender justificar jurídicamente las agresiones”.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, que tiene bajo su control todos los poderes del estado, incluyendo la Asamblea Nacional, ha utilizado al menos 31 mandatos legales para “restringir” el derecho a la asociación, con lo que ha violado unas 11 normas internacionales, algunas de las cuales protegen a la niñez, mujeres, trabajadores, pueblos indígenas, entre otros, indica el estudio.
Amaru Ruiz, miembro de una de estas organizaciones explicó a la Voz de América que, lo que al final está en juego es la cooperación al desarrollo, porque las organizaciones son las que generan programas y proyectos en beneficio de las comunidades locales y lo que está haciendo el régimen es crear todo un mecanismo para criminalizar el trabajo de las organizaciones.
María Teresa Blandón, quien encabeza el Programa Feminista “La Corriente” en Nicaragua, dijo a la VOA que esperan el cierre de su organización por no haberse registrado como agentes extrajeros. Foto Daliana Ocaña, VOA.
Añadió que existe un “aumento del control, seguimiento, intimidación y restricción del trabajo de las organizaciones internacionales presentes en el país, así como la negativa a entregar los documentos que permiten la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro nacionales, y una posterior cancelación de nuevas personerías jurídicas”.
En tanto, María Teresa Blandón, socióloga y directora de una organización social en Nicaragua que se negó a inscribirse ante gobernación, dijo que se preparan para una inevitable intervención del estado.
“Estamos preparadas para una intervención abrupta del estado, para el cierre de esta organización y para reacomodarnos en lo que resta de este año para continuar haciendo nuestro trabajo de otra forma”, señaló Blandón, quien encabeza el Programa Feminista “La Corriente” con más de 25 años de trabajo en Nicaragua.
Desde que se promovió la Ley de Agentes Extranjeros en la Asamblea Nacional, los opositores al gobierno de Ortega han expresado su preocupación de que esta deja a criterio del ejecutivo las definiciones de qué es un agente extranjero y qué es una injerencia extranjera, por lo que temen que pueda ser aplicada, en su contra, de forma discrecional.
Aunque la ley de Agentes Extranjeros ha recibido fuertes críticas a nivel nacional e internacional, los diputados sandinistas sostienen que es una normativa que se ha aprobado en otros países y que no pretende afectar la libertad de asociación de los nicaragüenses.