El Tribunal Electoral de Nicaragua, señalado por críticos de estar controlado por magistrados afines al presidente Daniel Ortega, canceló sorpresivamente este martes la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD).
El PRD era el único instituto político que se encontraba dentro de la Coalición Nacional, una organización surgida a raíz de las protestas en 2018, y que aglutina a decenas de organizaciones opositoras.
La cancelación de este partido se da un día después de que un grupo de pastores evangélicos presentara un recurso legal ante el Supremo Electoral para ser sancionado por supuestamente unirse con grupos sociales “que no son compatibles con los principios partidarios y valores cristianos”.
Saturnino Cerrato, representante legal del PRD dijo a la Voz de América que la impugnación fue realizada por personas que ni siquiera eran parte de la agremiación política.
“Que yo sepa una persona civil y natural no puede impugnar a un partido político, ellos ni siquiera son miembros”, dijo Cerrato.
También lea OEA: Preocupación por la situación en NicaraguaSin embargo el fallo del Poder Electoral se basa en el artículo 52 de la Constitución Política, que establece que los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones y denunciar anomalías, a los Poderes del Estado, o de cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto”.
Pero Julio González, miembro del PRD alegó que la medida de este poder del Estado no tiene ningún asidero legal, pues no se han hecho cambios sustanciales para haberse tomado “una medida de tal magnitud”.
El PRD fue otorgado al pastor evangélico Saturnino Cerrato en el año 2017, al igual que al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que hasta el momento se encuentra en otro bloque de la oposición nicaragüense.
Recientemente recobró fuerzas al unirse a la Coalición Nacional, donde convergen decenas de agrupaciones críticas a Ortega, mismas que han quedado fuera del proceso electoral que los opositores han catalogado “una nueva jugada del régimen”.
Durante los últimos meses al menos seis aspirantes a la presidencia se habían inscrito en un proceso interno de la Coalición Nacional para elegir a la fórmula que competiría contra el mandatario Daniel Ortega en la casilla del PRD, dentro de ellos el politólogo Félix Maradiaga; el periodista y fundador del Canal 100% Noticias, Miguel Mora; entre otros.
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Diversos actores políticos reaccionaron de inmediato al fallo del Poder Electoral en Nicaragua.
La organización opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes del Frente Sandinista, a quienes también se les despojó de su personería jurídica años atrás, condenaron la medida.
“Unamos rechaza esta nueva agresión de la dictadura de los Ortega Murillo, que muestra su terror a elecciones, a la decisión ya tomada por la mayoría del pueblo nicaragüense de hacer un cambio democrático en noviembre”, dice parte del comunicado.
Añaden que el proceso electoral se encamina a ser “totalmente deslegitimado con la inhibición de la principal fuerza política de oposición, cuyos integrantes han tenido un papel relevante y decisivo en las protestas desde abril de 2018 y posteriores”.
Mientras tanto Tamara Dávila, miembro de la Coalición Nacional, advirtió que ante la medida del Supremo Electoral, harán todo lo que sea necesario, “incluso acciones de movilización” para presionar a la comunidad internacional, denunciando las movidas de Ortega en Nicaragua.
La policía monta guardia frente al Consejo Supremo Electoral en Managua, el 12 de mayo de 2021.
Una vieja práctica del Poder Electoral
La acción del Poder Electoral también fue condenada por otros actores políticos, como el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri quien manifestó que “la decisión del nuevo Consejo Electoral mantiene su viejo actuar al cancelar personería jurídica al PRD”.
“Una vez más lo que les importa es la preservación del poder a cualquier costo sin importar el país y mucho menos el bienestar de las mayorías”, escribió Aguerri en su cuenta de Twitter.
El exembajador de Managua en Washington y también aspirante presidencial, Arturo Cruz señaló que la medida electoral “es una muestra tangible de la arbitrariedad que caracteriza a un poder electoral que responde a intereses partidarios”.
Mientras que el partido de derecha Ciudadanos por la Libertad escribió que la revocación de la personería al PRD “lesiona gravemente el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado los procesos electorales durante más de una década”.
Secretario de la OEA preocupado
Hace menos de una semana el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro había expresado su preocupación por las elecciones presidenciales en Nicaragua; la reciente aprobación de reformas electorales y el cambio de magistrados del Tribunal Electoral.
“El gobierno de Daniel Ortega se ha dedicado a llevar a cabo una serie de medidas que no cumplen con las normas establecidas por la OEA”, dijo Almagro.
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