La noticia, de que el economista Juan Sebastián Chamorro García renunció a la dirección de la opositora Alianza Cívica por Justicia y la Democracia para dedicar tiempo a sus aspiraciones a la presidencia, fue dada a conocer por el organismo el lunes.
De acuerdo con lo informado por la Alianza, la renuncia de Chamorro era necesaria si quería continuar con sus aspiraciones políticas de competir por la presidencia de Nicaragua en los comicios del 7 de noviembre próximo y buscar sacar del poder al gobierno de Daniel Ortega.
"Juan Sebastián, en apego a la institucionalidad que debe regir dentro de la organización y de la coyuntura política de este año 2021, ha decidido retirarse de su cargo para realizar la acción política que tenga a bien sin impedimentos que supongan conflictos entre sus funciones como director ejecutivo y persona activa en la vida política nacional", citó el organismo en una nota de prensa.
Según lo difundido por medios independientes, quienes citaron como fuente a la agencia de noticias EFE, Chamorro García, aclaró que su renuncia a la dirección ejecutiva no significa su salida del movimiento, dato que fue confirmado por la organización.
Chamorro García es sobrino de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro y del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.
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El anuncio de la candidatura llega luego que, líderes de la oposición en Nicaragua denunciaran, a finales de la semana pasada, persecución y hostigamiento por parte del poder político o simpatizantes del gobierno Ortega-Murillo, quien se espera que se postule para un cuarto mandato consecutivo de cinco años en noviembre.
Solo el año pasado, al menos 52 líderes de la oposición han sido víctimas de "persecución, acoso, asalto, incautación, robo y detención" por parte de la policía o simpatizantes del poder, según un informe presentado por la alianza opositora Unidad Nacional. Azul y Blanco (UNAB).
Según el informe, titulado "Nicaragua sometida a represión y violación de derechos", "varios líderes (de la oposición) son mantenidos arbitrariamente por la policía en arresto domiciliario en todo el país sin abrir caso criminal ".
El portavoz de la UNAB, Josué Garay, citó en particular el caso de líderes de la oposición cuyas casas están rodeadas de policías que les impiden salir incluso para ir a ver a un médico o ir a la farmacia.
Ciento veinte opositores acusados de estar involucrados en las protestas de 2018 para exigir la renuncia del presidente Ortega se encuentran actualmente en prisión, según el informe, que especifica que 64 de estos detenidos fueron detenidos en 2020. Las protestas habían sido reprimidas en el sangre, los disturbios cobraron al menos 320 vidas, según organizaciones de derechos humanos, mientras miles de nicaragüenses se han exiliado.
Los opositores también informan de 943 actos de acoso o agresión contra periodistas independientes durante la segunda mitad de 2020.
"Intimidación, amenazas, juicios ilegales, registros sin orden judicial y detenciones arbitrarias se han convertido en una rutina diaria para los periodistas", dice el informe.