El gobierno del presidente Daniel Ortega presentó a la Asamblea Nacional de Nicaragua unas propuestas de reformas electorales para los comicios generales de noviembre que no cumplen las propuestas demandadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) y limitan la participación de sus opositores.
El oficialismo incorpora en su propuesta de reformas a la Ley Electoral las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobadas en 2020.
La Ley de Agentes Extranjeros prohíbe a organizaciones no gubernamentales, financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.
La Ley de Soberanía y Autodeterminación para la Paz prohíbe las candidaturas de quienes el gobierno considere “golpistas”, o que aplaudan las “sanciones internacionales”, impuestas a funcionarios de la administración de Ortega acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
“No pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta”, señala parte de las propuestas de reformas a la Ley Electoral, en su artículo 81.
Sacar del juego electoral a todos los opositores
Algunos expertos y analistas consultados por la Voz de América consideran que con las propuestas de reformas electorales, el oficialismo ha demostrado que, lejos de avanzar hacia la democratización, la transparencia y el respeto al voto, “se ve un claro retroceso” para celebrar unas elecciones creíbles.
El jurista y exvicecanciller nicaragüense José Pallais señala que “amenazan con sacar del juego electoral” a todos los opositores, limitándolos a que no reciban apoyo del extranjero para las campañas “y deja en inferioridad y desigualdad” con respecto al oficialismo.
“Estas propuestas de reformas son un retroceso en cuanto a las condiciones electorales. El régimen rescata las inhibiciones de la Ley de Agentes Extranjeros, y de la Ley de Defensa a la Soberanía. Y que amenaza con sacar del juego electoral a todos los opositores, a quienes los limita para competir, porque prohíbe todo apoyo desde el extranjero a la campaña electoral, cuando él tiene la ventaja y recursos de la cooperación venezolana”, señala Pallais.
El jurista ve como injusto, que los mismos nicaragüenses en el exterior que aportan a la economía por medio de las remesas “aparte de que no tienen posibilidad de votar” tampoco “se les permite apoyar al fortalecimiento de la democracia”.
El exdiputado liberal Eliseo Núñez coincidió por separado con Pallais y enfatizó en que Ortega “metió todas las leyes restrictivas en un solo marco”.
“Ortega metió en un solo paquete todas las leyes restrictivas. Es una reforma electoral con fines de adaptarlo al modelo jurídico que ha venido imponiendo a través de sus reformas constituciones”, añadió Núñez.
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Eliseo
Fomentan “voto zancudo”
Por otro lado, la iniciativa de reforma a la ley electoral también suprime el requisito de obtención del 4% de votos válidos durante las elecciones para el reembolso de gastos de campaña. Es decir, que los partidos que tengan poco apoyo popular recibirán dinero que adjudiquen a mítines políticos. En Nicaragua se les denomina “partidos zancudos”.
Luis Barreto, experto en temas electorales, afirma que la eliminación del requisito en la ley promueve a que “comience a haber un movimiento de propaganda electoral variado y en su momento masivo” y considera que puede ser el mismo gobierno quien financie a estos partidos llamados “zancudos”, para fragmentar el voto.
Actualmente el Frente Sandinista (FSLN) tiene unos de los niveles de impopularidad más altos en la historia de Nicaragua, según la reciente encuesta de Cid Gallup, con apenas un 25% de apoyo popular, tras la represión en abril de 2018 que dejó más de 300 muertos.
Policía con más poder en elecciones
Otra propuesta en las reformas electorales fue trasladar la solicitud de celebrar mítines a la Policía Nacional, señalada de ser uno de los principales brazos represores del gobierno de Ortega y de estar parcializada.
El jurista Pallais ve esto como “un fortalecimiento del estado policial”, pues pone a la Policía Nacional por encima del Consejo Supremo Electoral”.
“La reforma subordina al Consejo Electoral a las actuaciones policiales, porque a ellos les va a corresponder las marchas, reuniones y la policía ha demostrado que es una política partidarizada, obediente ciegamente a las órdenes de Ortega”.
“La policía está sometida a los caprichos del Ejecutivo y cualquier cambio que se haga en el Consejo Supremo Electoral no tendrá ninguna incidencia porque estará sometido a lo que diga la policía”, finalizó Pallais.
Los cambios de cara a los comicios presidenciales comenzaron el lunes tras la convocatoria de magistrados al Consejo Supremo Electoral (CSE), que son señalados de estar controlados por Daniel Ortega.
Tanto diputados oficialistas, como opositores, y el mismo presidente de Nicaragua podrán presentar sus propuestas para luego llevarlas a votación al pleno en una sesión legislativa.
Actualmente el Poder Electoral también está controlado por el gobernante Frente Sandinista de Daniel Ortega.
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