En medio de las sanciones emitidas por Washington este miércoles a cuatro allegados al mandatario Daniel Ortega por las detenciones a al menos seis opositores, la vocera del gobierno y vicepresidenta Rosario Murillo criticó a las que llamó “potencias extranjeras” por según ella destinar dinero “para sembrar odio, terror, crímenes, destrucción a un pueblo bueno”.
Murillo celebró los arrestos en un discurso divulgado en los medios oficiales y afirmó que “se está aplicando la Ley y la justicia para ubicar a los criminales, terroristas y los que han andado por el mundo denigrando a Nicaragua,” en referencia a los opositores a quienes la Fiscalía les acusa de supuestamente violar la Ley 1.055, o “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”, que castiga a “quienes pidan o aplauden sanciones”.
Hasta este miércoles, 9 de junio, se contabilizaban siete personas detenidas. El arresto más reciente fue al abogado y opositor José Pallais, a quien los oficiales lo golpearon con fuerza, sacándolo de su casa, según denunciaron familiares.
Edwin Castro, a la derecha en la Asamblea Nacional. Castro es el jefe de bancada del oficialista FSLN en el Parlamento. [Foto Houston Castillo/VOA].
“Se está aplicando la Ley para esos que son ciudadanos de última categoría, porque un nicaragüense no desprestigia, ni denigra a su patria, sino todo lo contrario, ofrece lo mejor de sí mismo para que su patria prospere”, dijo la vocera del gobierno, también sancionada por Estados Unidos en 2018.
El exdiputado exiliado en Costa Rica Enrique Sáez, señala que las detenciones son una combinación de varios factores, como la venganza de Daniel Ortega ante la falta de flexibilidad de Estados Unidos para permitirle “un fraude electoral” en noviembre de este año.
“Son cantos de sirenas del régimen y la emprendió contra los nicaragüenses absolutamente cívicos, aprovechando todo el poder que tiene y se está enseñando con los liderazgos más visibles en la oposición”.
Sáez criticó el argumento de las detenciones y la Ley de Soberanía que fue aprobada en diciembre de 2020, pues a su juicio, el principal “vendepatria es Daniel Ortega que ha hipotecado Nicaragua a un concesionario chino por medio de una Ley para construir un Canal Interoceánico”.
“Las detenciones son un acto de 'venddeta'. Sabían que la administración Biden trabajaría en pro de la democracia del país y quieren negociar con rehenes. Es un coctel terrorista el tomar civiles como rehenes para negociaciones”, comentó Sáenz a la VOA.
También lea Estados Unidos sanciona a más personas ligadas al Gobierno de NicaraguaEl opositor señaló que Nicaragua pasó de una “dictadura a un Estado terrorista, donde no se respetan las leyes y se violan los derechos civiles y políticos de los opositores”.
“En Nicaragua se agrede sin piedad a civiles y se trata de imponer la voluntad de Ortega por la vía del terror al encarcelar y enjuiciar alas cabezas mas visibles”, finalizó Sáez.
Un día antes la exguerrillera sandinista y hoy disidente Dora María Téllez catalogó las acciones del presidente Daniel Ortega como un “símbolo de la debilidad de la dictadura”.
“Estamos viendo en estos cinco días que han pasado, desde la captura de Cristiana y los ex trabajadores de la Fundación Chamorro, un símbolo de la debilidad de la dictadura. Si estarían fuertes y hubiesen logrado controlar la crisis sociopolítica, no tendrían ningún problema, ejecutarían su fraude en cámara lenta y no hubiesen tomado estas medidas”, comentó Téllez a la Voz de América.
Comunicación oficial
Horas después de las declaraciones de Rosario Murillo, a través de una nota de prensa la Administración reaccionó al anuncio de EE. UU. de implementar sanciones económicas contra cuatro individuos ligados al Gobierno.
Según el documento, consideran que las sanciones son "ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales", y además afirman constituyen una "violación de los Instrumentos Internacionales que rigen el Derecho Soberano de los Estados. Así como a la Soberanía de Nicaragua".
La Administración Ortega-Murillo también justificó los arrestos realizados en los últimos días contra líderes opositores que buscaban una precandidatura para correr por la presidencia de Nicaragua para las próximas elecciones, arrestos considerados como una clara violación a la democracia nicaragüense por la comunidad intencional.
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