Los menores no acompañados y los migrantes que hoy se entregan a las patrullas fronterizas en Estados Unidos provienen en su mayoría de los países del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los guías o coyotes, como se les conoce en Centroamérica, son quienes llevan a estos migrantes hasta la frontera, pero identificarlos y castigarlos en sus países de origen se ha vuelto una tarea difícil para las autoridades.
El Congreso de El Salvador buscó el pasado 25 de marzo castigar con hasta 12 años de prisión a los que llama “traficantes de personas” por los delitos relacionados a la evasión de los controles migratorios en El Salvador u otros países. El proyecto quedó en papel y al parecer no llegará a convertirse en ley porque no tiene la aprobación del presidente Nayib Bukele, quien advirtió que la vetará.
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 17 de febrero de 2021.
“Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya, pero no podemos seguir criminalizando la migración. Alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será vetada”, dijo Bukele.
Esta actitud no va en línea con el apoyo que la embajada de Estados Unidos y la Fiscalía General mostraron cuando la ley fue aprobada.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, aplaudió la ley y dijo que El Salvador había dado un paso importante al reconocer que sus ciudadanos no pueden ser usados como mercancía de tráfico. Mientras que la Fiscalía General, que trabajó en el proyecto por dos años, celebró lo que llamó “concretar un objetivo histórico”.
Hoy que Estados Unidos lucha contra la crisis migratoria en la frontera sur, el gobierno de Bukele dice “no” por primera vez desde que ganó el Ejecutivo en 2019 a un proyecto de ley que busca castigar a quienes trasladen, alberguen o guíen a personas que burlan controles migratorios.
Mientras Ronald Johnson fue embajador de Estados Unidos en El Salvador, las administraciones Bukele y Trump mantuvieron acuerdos migratorios que en su momento fueron criticados por las organizaciones de derechos de los migrantes. El Acuerdo del Tercer País Seguro fue uno de esos. Pero hoy, con el cambio de mando en la Casa Blanca, el tono diplomático entre ambas naciones parece cada vez más frío, advierten observadores.
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El coyote o traficante de personas en El Salvador cobra entre 8.000 y 12.000 dólares por llevar a una persona a la frontera sur de Estados Unidos. El monto varía dependiendo de si el migrante es hombre o mujer.
La Voz de América habló con una joven que tuvo una conversación en febrero de este año con un coyote que le ofreció llevarla a Estados Unidos por 12.000 dólares.
“Él me dijo que cobraba 10.000, pero como yo soy mujer debía pagar 2.000 más, es decir 12.000 en total para no ser violada en México”. Ella no aceptó el trato. No tiene trabajo y no tiene dinero. Además teme las consecuencias en el camino.
Algunos salvadoreños, que no tienen el dinero para pagar un coyote, deciden ceder sus propiedades como pago, las que quedan en poder de los coyotes aunque no logren cruzar la frontera. La ley aprobada se justifica bajo el supuesto de que este mecanismo de tráfico de personas ha generado “exorbitantes ganancias ilícitas” a los traficantes.
Migrantes cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, el 26 de marzo de 2021.
Aunque El Salvador reconoce el tráfico de personas en su Código Penal, la Fiscalía General y el Congreso vieron necesario crear una Ley Especial contra este delito y esta vez añadieron el transporte, el traslado, el albergue y la guía de personas que busquen evadir controles migratorios como delito. Asimismo la promoción de estas acciones a través de las redes sociales.
En la red social Facebook hay páginas como “Cruces a Estados Unidos seguros” que abiertamente dicen facilitar el “sueño americano” por 8.000 dólares mínimo. Las publicaciones piden a los interesados discreción.
Raúl Beltrhán Bonilla, legislador y miembro de la comisión que aprobó la ley en El Salvador, dijo a la VOA que mientras la gente no tenga seguridad ni trabajo seguirá migrando y el reto del gobierno salvadoreño es “implementar un plan” para que esto pare.
Pero la respuesta del jefe de Estado ha sido clara: “La nueva Asamblea hará una ley que persiga a los criminales, pero que no criminalice a nuestros migrantes”.
En mayo de 2021 se estrenará un nuevo Congreso, integrado en su mayoría por diputados de Nuevas Ideas, el partido de preferencia del presidente Bukele y el más votado en las elecciones del 28 de febrero.
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Congreso salvadoreño aprueba ley contra el tráfico ilegal de personas