El gobierno de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación señaló este jueves a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, bajo la dirección de Cristiana Chamorro, de “graves inconsistencias en los informes financieros” de la organización, entre los años 2015 y 2019 y pidió al Ministerio Público una investigación al respecto.
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y del asesinado líder opositor Pedro Joaquín Chamorro, fue citada por las autoridades correspondientes para declarar sobre las supuestas inconsistencias en horas de la mañana.
“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros. Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”, dice parte de un comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación.
Al presentarse al lugar, Chamorro fue interrogada durante casi tres horas sobre el manejo de la Fundación, que suspendió operaciones en febrero de este año al rehusarse a inscribirse en la Ley de Agentes Extranjeros, que establece entre otras cosas, la prohibición para que los directivos de una organización puedan participar en procesos electorales.
“Quieren incriminarme en algo que es falso. Ya sabemos que seguramente están montando algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar para Nicaragua”, dijo Chamorro a la Voz de América.
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Cristiana de Chamorro
Chamorro actualmente es aspirante a la presidencia y repunta en las encuestas como la favorita por la historia de su madre, Violeta Barrios, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990, poniendo fin a una guerra que vivía el país en ese entonces.
Allanamientos a medios críticos a Ortega
Tras conocerse el comunicado de Gobernación, miembros de la Policía Nacional allanaron las oficinas del medio digital Confidencial, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, ubicadas de forma momentánea en un edificio privado, tras haber sido confiscada la redacción central, en 2018.
Carlos Fernando Chamorro denunció que uno de sus camarógrafos fue detenido tras el allanamiento en horas de la mañana.
“Nuestro colega Leonel Gutiérrez no ha sido liberado. Sigue secuestrado de forma ilegal por la Policía. Exigimos su liberación inmediata. Demandamos a la Policía desocupar el estudio de grabación de Esta Semana que ocupan por segunda vez. Nunca van a confiscar el periodismo”, escribió el director de Confidencial en Twitter.
Los medios de comunicación que dieron cobertura al allanamiento también fueron perseguidos por agentes policiales, incluidos reporteros de agencias internacionales, como la AFP.
Luis Sequeira de AFP, señaló que los agentes le borraron todos los clips de video que había grabado en su teléfono.
“No es una cosa que la policía debería hacer. Soy periodista y ese no es su trabajo, perseguir periodistas”, dijo Sequeira a la VOA.
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Organizaciones de la sociedad civil, empresarios y figuras nacionales e internacionales, expresaron su repudio ante las recientes acciones del gobierno de Daniel Ortega.
Monseñor Silvio Báez, obispo de la Arquidiócesis de Managua, exiliado en Miami, escribió que se solidarizaba “ante este este nuevo atropello de la dictadura contra este medio informativo”.
“La verdad engendra libertad, por eso le temen tanto. ¡Nicaragua no puede seguir secuestrada!”, escribió Báez en su cuenta.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco por su parte aseveró que Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. “Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse las elecciones presidenciales de noviembre de 2021”.
En tanto Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigió “el respeto a la vida y la integridad física de los trabajadores de Confidencial”.
“El respeto a la libertad de expresión como elemento esencial de la democracia hace repudiable este tipo de atentados”.
Nicaragua se acerca cada vez más a su proceso electoral este 7 de noviembre. Ortega ha realizado diversas movidas en las últimas semanas con el fin de asegurar su reelección, tras haber llegado al poder en 2006, según los opositores.
José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, uno de los bloques de la oposición más importantes en Nicaragua y que fue inhibido de participar en el proceso electoral, tras quitarle la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) , criticó que Ortega busca elegir “candidatos a su medida”, para garantizar su victoria electoral.
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