La corrupción en los países del Triángulo Norte, que en algunos casos de exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras ha llegado a “niveles escandalosos”, según coinciden varios analistas, es un claro reto para la administración del presidente Joe Biden que tiene en la mira el combate a la corrupción y la impunidad como condicionante para despachar la jugosa ayuda de 4,000 millones de dólares previsto para la región.
Los casos de corrupción en los tres países no son desconocidos para la diplomacia estadounidense y tampoco para los círculos de toma de decisiones en Washington, dice el analista Douglas Farah desde Washington DC, en conversación con la Voz de América.
También lea Reforma inmigratoria de Biden: ¿Qué es lo nuevo?Este experto que dirige el centro de investigaciones IBI Consultand, cree que las redes de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador están arraigadas más allá de los círculos visibles del poder político, y sin duda tienen fuerte implicación en las operaciones de justicia, de negocios y otras actividades del entorno social de esos países, y que desmantelarlas sería una tarea titánica.
Primero porque cada vez hay más nexos del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras de corrupción tradicionales, acota Farah. “Hemos visto el caso quizá más claro donde el narcotráfico ha compenetrado es el Estado de Honduras donde el hermano del presidente [Juan Orlando Hernández] está condenado en Estados Unidos y han nombrado abiertamente al presidente en los juicios. Ahí se ha puesto más al desnudo la penetración del narcotráfico a niveles bancarios, políticos, policiales”, explica el investigador a VOA.
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También señala que la corrupción fluye por otras estructuras de la criminalidad en los tres países como la temida pandilla MS-13 que en Honduras, El Salvador y Guatemala ha ido perfilándose un papel distinto; en el caso de Honduras –afirma- pasó a ser brazo operativo de los cárteles del narcotráfico que han tomado mayor presencia en la región para mover las drogas desde el sur hacía el gran mercado en Estados Unidos, a la vez de asumir el papel que tenían los “coyotes para mover la gente hacia la frontera sur”.
Y en El Salvador agrega este experto, el cartel de Texis ha logrado entrar a las estructuras del Ejecutivo. “Con los nuevos nombramientos del gobierno de Nayib Bukele van a tener una cancha libre mucho más amplia porque muchos de sus aliados ahora están en el poder”, señala y sostiene que seguirán usando la estrategia de “traer el dinero sucio a una economía dolarizada donde se manejan sumas enormes de dinero, y se han acercado mucho al gobierno de Bukele”, acota.
En Guatemala, explica, las estructuras son mucho más complejas, porque han existido durante muchas décadas, que incluso, ni con el trabajo que dejó la CICIG se llegó al fondo de esas cadenas que conforman “mezclas de grupos militares, con grupos de civiles muy poderosos y grupos de la ex guerrilla” que trabajan hoy en día con grupos de derecha como empresarios.
Guatemala reconoce el problema
En días recientes, luego de que el gobierno de Estados Unidos abriera un fluido canal de comunicación con Guatemala para encaminar la iniciativa regional de la administración Biden, liderada por la vicepresidenta Kamala Harris, el canciller de ese país centroamericano, Pedro Brolo, reconoció que la corrupción es un problema real al que hacer frente y dejó ver que las redes se escapan de las estructuras tradicionales.
También lea ¿Qué acordaron Estados Unidos y Guatemala sobre cooperación bilateral?El canciller Brolo adelantó que una de las soluciones que están barajando para afrontar la problemática es poner cortapisas legales para que los funcionarios puedan ser identificados y cerrar espacios a la discrecionalidad en las funciones de su trabajo.
“Uno de los principales focos de la corrupción es el narcotráfico, ya que hay una compra de influencias a nivel sectorial, a nivel privado y a nivel político y por lo tanto es importante el abordaje… A través de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto vamos a incrementar todas las tecnologías para ir eliminando la discrecionalidad del funcionario público y permitir que los mecanismos fluyan de manera más transparente”, dijo el canciller Brolo al asegurar que Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) están enterados de esa iniciativa.
Para la analista Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson en Washington DC, el tema de la corrupción en los países del Triángulo Norte podría tener soluciones a medida se haga cumplir la ley de Estados Unidos imponiendo sanciones, señalando directamente a personas involucradas en actos de corrupción a la vez de cerrar los accesos a fondos de la cooperación.
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Arnson cree que hay mucha desconfianza en la opinión pública de Estados Unidos, e incluso en amplios sectores del Congreso, sobre la efectividad de las medidas, por lo que la exigencia de combate frontal contra la corrupción, para desembolsar fondos, seguirá siendo una prioridad y que la Administración Biden debe trabajar con mucho empeño para lograr confianza en ese punto.
Desde El Salvador el experto en Relaciones Internacionales, Napoleón Campos, dice que a este momento ninguno de los tres países a los que apuesta inyectar Estados Unidos fondos frescos de cooperación para robustecer sus economías y reducir los flujos migratorios irregulares, pasa la prueba anticorrupción.
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Si bien Guatemala se ha perfilado como un aliado fiable de Estados Unidos en la apertura de este proceso, dados los escenarios adversos y de desconfianza –a buen entendedor- que tiene la potencia del norte con Honduras y El Salvador por los temas de seguridad y gobernabilidad democrática, aún queda mucho trabajo por hacer al vecino del sur para superar las pruebas de fuego.
En este punto Cynthia Arson abona que la decisión de Washington de mostrar gran apertura en este proceso, que adquiere gestos de enorme significado diplomático como la visita prevista por la vicepresidente Kamala Harris a Guatemala la primera semana de junio, tiene además un alcance estratégico por la posición geográfica del país centroamericano, cuya frontera al norte con México le deja espacio de control al sur donde tiene de vecinos a El Salvador y Honduras.
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