Tras el inicio en Nicaragua del conflicto sociopolítico en abril del 2018 Seidy Rivas no lo pensó mucho para abandonar su país y exiliarse en Costa Rica, una nación que la recibió, pero donde ha tenido que afrontar muchos retos.
“Uno de los retos principales que hemos enfrentado es la xenofobia, hay una discriminación bastante grande hacia los nicaragüenses y al ser mujer estamos más vulnerable a ese hecho de odio. Nos niegan el trabajo por ser mujeres o [porque] no vamos a tener la capacidad de aguantar esas horas laborales", relató Rivas durante una entrevista con la Voz de América.
La conversación del pasado 6 de diciembre ocurrió en medio de la feria navideña, organizada por Rivas, en la cual mujeres y feministas nicaragüenses buscan compartir y vender sus productos para ganarse la vida.
Rivas contó que desde que llegó a Costa Rica la situación no ha sido nada fácil y se agravó con la llegada del COVID-19, pues la pandemia ocasionó efectos económicos, como suspensiones de contratos o el despido de trabajadores, por lo menos 526.000 personas se quedaron sin trabajo en este país centroamericano, según los más recientes datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero antes de esto ella veía otras situaciones cuando iba solicitar trabajo.
“La xenofobia, el rechazo que tenemos sobre todo en la pandemia, la falta de empleo, la falta de acceso de acceso a la salud, el enfermarnos y no tener un seguro que nos dé la certeza de que vamos a ser atendidos en el hospital”, contó la joven oriunda de Matagalpa, una localidad ubicada en el norte de Nicaragua.
Esta y otras situaciones que afrontan los migrantes nicaragüenses en Costa Rica hicieron que un grupo de organizaciones como Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ y el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica firmaran una carta en la cual piden al gobierno del presidente Carlos Alvarado no perder la oportunidad de ser ejemplo mundial de garantía y respeto a los derechos humanos de las poblaciones obligadas a dejar su país de origen.
“Hemos hechos un llamado al gobierno de Costa Rica para que continúe ejerciendo medidas de protección a la población migrante y los solicitantes de refugio”, explicó en un vídeo Braulio Abarca abogado y defensor en el Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
En la misiva las organizaciones también piden que “en el próximo proceso de vacunación, el estado de Costa Rica debe garantizar los derechos a la salud e integridad personal de las personas migrantes forzadas, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad”.
En Costa Rica viven 359.304 personas de nacionalidad nicaragüense, de ellas 2.342 fueron reconocidas con el estatus de refugiados, según datos suministrados por la Dirección de Migración y Extranjería a VOA Noticias.
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La vida de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica