La policía allanó el martes la Conferencia Episcopal de Chile en el marco de una causa sobre presuntas violaciones y abusos sexuales cometidos por miembros de la Congregación Marista, informó el fiscal Raúl Guzmán.
Guzmán y personal de la policía de investigaciones llegaron con una orden judicial a la sede ubicada en pleno centro de la capital chilena.
El fiscal investiga más de 50 denuncias de personas que afirman que mientras estudiaban en colegios maristas y eran menores de edad fueron abusadas reiteradamente.
"Estamos recabando y complementando antecedentes que ya habíamos recibido para la identificación de víctimas que han formulado denuncias por abusos de distinto tipo, particularmente de carácter sexual", explicó a la prensa el fiscal Guzmán.
Tras el allanamiento Guzmán y la policía se trasladaron hasta la sede central de los maristas, donde se encuentran varios de los religiosos incriminados, y de allí también retiraron información, informó el defensor de los religiosos Alejandro Peña.
Dependencias de la Iglesia han enfrentado una serie de allanamientos de fiscales en Santiago y en el sur del país que buscan información relacionada con el encubrimiento de abusos sexuales y en el caso del martes se busca completar o identificar a exalumnos abusados.
Tras un allanamiento al Tribunal Eclesiástico en la arquidiócesis de Santiago hace unas semanas, el fiscal Emiliano Arias incautó material que le sirvió para citar a un tribunal al cardenal Ricardo Ezzati como presunto encubridor de abusos sexuales, hecho inédito en la historia de la Iglesia local y de las fiscalías.
En una declaración enviada a The Associated Press siete supuestas víctimas de los maristas señalaron que "sentimos profunda satisfacción de ver avanzar las diligencias necesarias para hacer justicia sin privilegios ni consideraciones de ningún tipo".
Agregaron que "confiamos en que algo de documentación se pueda recuperar tras las sospechas de destrucciones y traslado de material que pueden ser una señal más de encubrimiento".
Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability, ente con sede en Estados Unidos, dijo a su vez a la AP que "la impunidad de la jerarquía chilena se ha terminado ".
"Los fiscales de Chile han subido el listón para las autoridades civiles de otros países. Los niños de Chile estarán ahora más seguros, se espera que los sobrevivientes encontraran más justicia, y por último, la iglesia será más fuerte", agregó.
Exalumnos entrevistados por AP meses atrás afirmaron que fueron abusados no solo por los religiosos sino también por sacerdotes capuchinos y el exvicario de la Solidaridad, Cristián Precht, quien en noviembre terminó un castigo de cinco años sin oficiar misa por comportamientos abusivos contra adultos y menores.
Los datos que comprometen a Precht fueron enviados al Vaticano a comienzos de agosto para que se le inicie una nueva investigación canónica, informó la Iglesia.
Los maristas no son sacerdotes, por lo que invitaban curas a sus colegios a oficiar misa y tomar confesiones.
El caso de los presuntos abusos cometidos por los maristas estalló en agosto del año pasado cuando la congregación denunció a uno de sus religiosos, Abel Pérez, quien siete años antes había confesado a sus autoridades que había abusado y violado a 14 menores de edad entre 1970 y 2008.
La Iglesia católica chilena está en el ojo de la tormenta desde comienzos de año cuando la visita del papa Francisco a Chile congregó a pocos feligreses luego de que el pontífice defendiera férreamente al obispo Juan Barros, sindicado como encubridor de abusos sexuales, y calificara a sus acusadores de mentirosos.
Fueron tantas las críticas que recibió que mandó a un par de emisarios a investigar la situación y éstos concluyeron, en palabras del papa, que la Iglesia chilena vivía desde hace décadas en "una cultura de abuso y encubrimiento".
Tras las críticas de Francisco todos los obispos chilenos renunciaron a mediados de mayo, aunque hasta ahora sólo se han aceptado cinco dimisiones. Algunos sacerdotes y especialistas en temas religiosos opinan que el pontífice no tiene candidatos para reemplazar a todos los obispos que quisiera.
El último informe de la Fiscalía Nacional indicó que investiga 38 casos que involucran a 73 personas --sacerdotes diocesanos, de diversas órdenes y laicos-- en el presunto abuso de 104 personas, la mayoría menores de edad en el momento de los hechos.
Varios obispos han entregado datos sobre acusaciones de abuso sexual de menores contra sacerdotes que fueron enviadas a la Congregación de la Doctrina de la Fe.