Medio de comunicación acusa a Venezuela de no querer renovar la concesión para poder transmitir como estación de televisión abierta, la cual no ha sido renovada desde 2007.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este jueves una audiencia pública de dos días por la demanda interpuesta contra Venezuela por su negativa a renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007.
Los magistrados obtendrán las declaraciones de un testigo y un perito ofrecido por el estado y dos peritos presentados por la CIDH, así como los alegatos orales finales de las partes.
Durante dos días de audiencia la Corte, que tiene su sede en Costa Rica, escuchará las declaraciones de una supuesta víctima y un perito propuestos por los representantes de los que se dicen afectados.
El caso se remonta a 2007, cuando el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión, lo que provocó que el medio dejara de transmitir como estación de televisión abierta.
Según la querella judicial presentada, esta situación significó violaciones a la libertad de expresión de los accionistas, directivos y periodistas de RCTV.
El Estado venezolano además incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones, de acuerdo a la demanda.
Los magistrados obtendrán las declaraciones de un testigo y un perito ofrecido por el estado y dos peritos presentados por la CIDH, así como los alegatos orales finales de las partes.
Durante dos días de audiencia la Corte, que tiene su sede en Costa Rica, escuchará las declaraciones de una supuesta víctima y un perito propuestos por los representantes de los que se dicen afectados.
El caso se remonta a 2007, cuando el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión, lo que provocó que el medio dejara de transmitir como estación de televisión abierta.
Según la querella judicial presentada, esta situación significó violaciones a la libertad de expresión de los accionistas, directivos y periodistas de RCTV.
El Estado venezolano además incumplió las obligaciones sustantivas y procesales que tenía en materia de asignación y renovación de concesiones, de acuerdo a la demanda.