La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el incremento de nicaragüense forzados a salir de su país y pidió “protección internacional” para ellos, en el contexto de la grave crisis de derechos humanos que persiste en la nación centroamericana.
En un comunicado de prensa, el organismo llamó a “los Estados de la región a adoptar medidas que aseguren la protección integral a todas las personas de Nicaragua en contextos de movilidad que huyen de la crisis, inseguridad y violencia”.
La CIDH dijo que solo Costa Rica ha recibido este año al menos 39.000 nuevas solicitudes de refugio de nicaragüenses, con un notable incremento a partir de mayo.
El organismo además citó datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de que en 2021 el número de nicaragüenses que intentó ingresar a ese país fue de 50.722, una cifra nunca vista.
Asimismo, según datos registrados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde el inicio de la crisis en abril de 2018 más de 110.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua y solicitar protección internacional.
CIDH denunció que muchas de las personas que huyen han “sido víctimas de amenazas directas de detención por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del gobierno”. En otros casos, muchos indicaron vivir en un clima de temor y zozobra.
También lea Migrantes nicaragüenses en Costa Rica piden no ser discriminadosLa CIDH también resalta que “entre los principales grupos que han huido de Nicaragua” están opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, además de “estudiantes que participaron en movilizaciones en 2018 y representantes legales de personas privadas de la libertad”.
La Comisión apeló a la “solidaridad regional e internacional para atender los riesgos que enfrentan las personas en el contexto de movilidad humana por la grave situación de derechos humanos en Nicaragua”.
También recordó que según su Resolución 04/19, todos los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos generadores del desplazamiento y de reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes que atraviesan por sus territorios, en particular, de “aquellas personas desplazadas o exiliadas por razones humanitarias”.
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