El gobierno de Venezuela debe adoptar acciones de impacto inmediato en la grave situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad en las cárceles del país, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de un comunicado, la dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en San José de Costa Rica, expresó lo que definió como su “profunda preocupación” por la muerte violenta de 19 internos en Internado Judicial Capital Rodeo I, en el estado venezolano de Miranda.
El comunicado también urge al estado venezolano a “adoptar medidas concretas a fin de proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”.
De esta forma, la CIDH, que es una institución judicial autónoma de la OEA, expresa su posición sobre los hechos ocurridos el domingo 12 de junio de 2011, cuando 19 reclusos murieron y 25 sufrieron heridas graves. La Corte indica que las muertes fueron el resultado de una riña entre bandas rivales por el control interno de la cárcel e incluyo el uso de armas de fuego.
Ante estas situaciones, la CDIH reitera que son los estados los que “tienen la responsabilidad de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas sujetas a su jurisdicción”, a los que les cabe además, “el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles”.
Cabe destacar, que como resultado de la violencia generada nuevamente en la cárcel de El Rodeo I el gobierno del presidente Hugo Chávez, en Venezuela, estableció un nuevo ministerio dedicado exclusivamente a las prisiones y destinó cerca de $100 millones de dólares para “humanizar” las condiciones carcelarias.