Hace cuatro meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado salvadoreño a una audiencia para evaluar la situación de derechos humanos en torno al régimen de excepción decretado en El Salvador, que para entonces llevaba dos meses de vigencia. El Estado no acudió al llamado.
Este 25 de octubre, la CIDH volvió a convocar para el mismo propósito, y la respuesta volvió a ser la misma: ausencia por parte del Estado salvadoreño.
“Cuando el estado de excepción se vuelve una regla, tenemos un problema grave”: fueron las palabras de la comisionada presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, tras escuchar los testimonios de las organizaciones civiles en torno al régimen de excepción en El Salvador.
El Salvador lleva siete meses en un régimen que busca encarcelar a 70.000 pandilleros responsables de la última ola de violencia ocurrida a finales de marzo de este año. Las capturas desde entonces no han parado y hasta la fecha, el gobierno centroamericano ha apresado a 55.062 personas, pero ¿son todos pandilleros?
De acuerdo con seis organizaciones que solicitaron la audiencia a la CIDH, el régimen de excepción ha dejado a su paso tres grandes tipos de violaciones a derechos humanos: las detenciones arbitrarias o ilegales, los hechos constitutivos de tortura y malos tratos y las muertes de personas en los centros penitenciarios.
“Hemos documentado 4.071 casos de presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción (…) y hay 80 familias que todavía esperan respuesta del estado salvadoreño sobre la muerte de su familiar que estuvo bajo custodia estatal”, denunció ante la CIDH, Verónica Reyna, coordinadora en la organización Servicio Social Pasionista.
La gente participa en una protesta contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en San Salvador, El Salvador, el 15 de septiembre de 2022.
Aunque el gobierno salvadoreño no compareció ante la CIDH ha dicho en otras ocasiones que una política como la del régimen de excepción implica un margen de error del 1 % en cuanto a los capturados. Es decir, que si hay 55.052 capturados a la fecha, es posible que al menos 550 sean inocentes.
Pero las organizaciones también hablan de “ilegalidad” en la prórroga del régimen, pues la Constitución política de El Salvador sostiene que solo debe ser prorrogable “si las circunstancias que lo motivaron se mantienen”.
A finales de marzo, El Salvador vivió la peor ola de violencia homicida no ocurrida en la historia reciente: 88 personas fueron asesinadas en un fin de semana por las violentas pandillas MS y Barrio 18. La Asamblea, a pedido del gobierno, aprobó un régimen de excepción que ha prorrogado siete veces consecutivas, a pesar de que no ha ocurrido otra alza de homicidios desde entonces.
Otro de los puntos abordados en la audiencia fue el hacinamiento carcelario. De acuerdo con Zaira Navas, jefa jurídica de la organización Cristosal, la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario en El Salvador “son descomunales”.
“El Salvador es el país con más personas privadas de libertad en el mundo. Con una tasa de 2.144 personas recluidas por cada 100.000 habitantes. Antes del régimen de excepción había cerca de 39.000 detenidos. Ahora ya superan los 94.000”, agregó.
Esa sobrepoblación provoca riñas, enfermedades y castigos, según las organizaciones solicitantes de la audiencia.
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En voz de Belissa Guerrero, coordinadora en Amnistía Internacional, las organizaciones solicitantes pidieron a la CIDH que redoble los esfuerzos para que el Estado salvadoreño se abra al escrutinio internacional. Esto tras su ausencia en las dos últimas audiencias.
Asimismo, pidieron que la Comisión “exhorte” al Estado a terminar con el régimen de excepción y con toda la normativa violatoria de derechos humanos aprobadas en este contexto”.
También que haya una “investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre las personas que han perdido la vida bajo custodia estatal. Así como de quienes han sufrido violaciones a su integridad personal, incluidos malos tratos y torturas”.
Amnistía Internacional, Cristosal, Fespad, Servicio Social Pasionista, DFPL, entre otras organizaciones pidieron a la CIDH visitar El Salvador a fin de verificar la situación de las personas privadas de libertad; así como las audiencias que se les realizan a los capturados y el desarrollo de las investigaciones penales.
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Primero, lamentó la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia. El primer presidente de la Comisión, Stuardo Ralón, dijo que lo escuchado en los testimonios de las organizaciones habla de una “situación dramática, alarmante y condenable” en El Salvador.
Asimismo, la comisionada presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla, recordó que los Estados forman parte del Sistema Interamericano voluntariamente y que las audiencias son el mecanismo que tiene la CIDH para monitorizar la situación de derechos humanos en los países.
Aunque también resintió la ausencia del Estado salvadoreño en la audiencia, pidió al gobierno de El Salvador autorizar la visita de la Comisión al país. Una petición que dijo, ya se ha hecho internamente.
“Someterse al escrutinio internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo parar tanto dolor, tanta injusticia que se está dando. No me quiero quedar en la ausencia del Estado sino en la posibilidad que tiene la CIDH de visitar El Salvador, de analizar desde allá la situación de violencia”, finalizó.
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