El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por su medida de recortar fondos federales a las "ciudades santuario", y calificó el decreto presidencial “no solo de ser inconstitucional sino también no estadounidense”.
"Este no es un paso que tomo a la ligera", dijo Herrera en una conferencia de prensa con el alcalde Ed Lee luego de entablar la demanda. "Es uno que resulta necesario para defender a la gente de esta ciudad, de este estado y de este país, de la extralimitación de un presidente que ha mostrado poco respeto por nuestra Constitución, por los derechos de los estados o por el imperio de la ley".
El gobierno federal no puede "colocar una pistola en la cabeza de las localidades" para que lleve a cabo dictados federales, enfatizó el abogado.
Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para retirar fondos a ciudades santuario que se nieguen a cooperar con autoridades federales de inmigración, lo que detonó manifestaciones en varias partes del país. El decreto no especificó qué tipo de subvenciones podrían ser retiradas.
San Francisco presentó la demanda el mismo día que legisladores de California proponían una iniciativa de ley que proporcionaría protección en todo el estado a inmigrantes al restringir la cooperación de agencias judiciales locales con autoridades federales de inmigración.
Otras ciudades santuario prometieron acción jurídica. La querella de San Francisco, presentada ante la Corte de Distrito de San Francisco, cita la 10a Enmienda de la Constitución que limita al gobierno federal de interferir en el poder reservado a los Estados".
“El tejido de nuestras comunidades y miles de millones de dólares están en juego”, dijo Herrera. “El presidente Trump parece no comprender la Constitución ni los limites que le impone al Poder Ejecutivo”.
La demanda menciona como acusados a Trump, al secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, y al secretario interino de Justicia, Dana J. Boente. Un vocero del presidente no respondió de inmediato una solicitud de comentario de The Associated Press.
San Francisco estableció su política de ciudad santuario en 1989 para proteger a las víctimas del abuso doméstico, las familias y otros ciudadanos que temían ser deportados si cooperaban con las autoridades.
Al menos 30.000 personas que carecen de autorización para estar en Estados Unidos viven en San Francisco, dijo Herrera.
San Francisco recibe aproximadamente $1.200 millones de dólares anuales de fondos federales para servicios que incluyen vivienda, servicios de salud y de personas sin hogar. La demanda busca impedir que el gobierno federal retenga ese dinero.
Durante la campaña política, el entonces candidato Trump puso a San Francisco como ejemplo de lo que puede suceder cuando se acoge a inmigrantes indocumentados criminales y no se les reporta.
Trump se refería a la muerte de Kathryn Steinle sucedida en julio de 2015 en el distrito de Embarcadero en San Francisco. La mujer fue víctima de Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante indocumentado mexicano que previamente había sido deportado cinco veces.
El decreto firmado por Trump exige que las autoridades locales retengan a los inmigrantes sin documentación que hayan cometido crímenes y los entregue a las autoridades federales para su deportación.