http://www.youtube.com/embed/yEnrPIVbD4Y?hl=en&fs=1
Fuertes cuestionamientos surgieron durante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, en una jornada para discutir la libertad de expresión en Venezuela y Ecuador.
Durante la audiencia pública pero exclusiva que pidió el estado venezolano a la CIDH para dar explicaciones sobre la situación actual del país sobre ese tema, el representante del estado venezolano pidió imparcialidad a la Comisión y rechazó las acusaciones que pesan sobre el presidente Hugo Chávez por supuestas violaciones a los derechos humanos.
“Venezuela no es un estado que ‘comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos”, dijo Germán Saltón, representante de Venezuela en la OEA.
Pero en una inusual reacción, el relator de la CIDH para Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro, y quien ejerció su cargo como tal hasta ayer, se pronunció con escepticismo ante la respuesta del gobierno venezolano a la Comisión.
"La misma música, sin ningún diálogo. Porque el estado de Venezuela es el único estado que no me permitió la entrada de los 35 estados”, argumentó Paulo Sergio Pinheiro, relator de la CIDH de la OEA.
El estado venezolano, en cambio, no se presentó a la audiencia sobre libertad de expresión en su país. Pero esto no evitó que los propios comisionados demostraran su preocupación sobre la creciente y sistemática presión sobre los medios de comunicación y el acceso a la información pública en Venezuela.
Ecuador por su parte, se defendió ante los cuestionamientos sobre abuso a las libertades de prensa por parte del gobierno de Rafael Correa.
“Se habla de atentado contra la integridad física de los periodistas cuando a alguien le robaron el celular. Eso lo apuntan ahí como atentado contra los periodistas”, dijo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.
Según los peticionarios, en Ecuador existen 20 procesos legales y se han registrado 418 ataques contra la libertad de expresión, pasando por estigmatización, insultos y agresiones físicas.
Patiño defendió las pasadas acusaciones por parte del gobierno ecuatoriano contra algunos periodistas de su país diciendo que la ley se debe aplicar a todos los ciudadanos “¿o es que la ley no aplica para los periodistas?”, argumentó el canciller.