Colectivos feministas presentaron el martes ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda para lograr la despenalización del aborto mediante la declaración de inconstitucionalidad de artículos del Código Penal que lo identifican y sancionan como un delito.
Angélica Porras, del grupo Acción Jurídica Popular, dijo en declaraciones a periodistas que la acción tiene el objetivo de eliminar “la criminalización del derecho de la mujer a decidir” y recordó que hace dos años se logró la despenalización del aborto en el caso de violación “lo cual no es suficiente”.
En Ecuador es legal la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación únicamente cuando sea fruto de una violación.
“Eso significa una discriminación respecto de las mujeres que han decidido interrumpir el embarazo sin que haya la causal de violación, estamos abogando por el derecho de las mujeres a ser autónomas”, añadió Porras.
También lea “Feminazis, exageradas”: ¿Qué hay detrás de los prejuicios contra el feminismo en América Latina?Los datos acerca del aborto en Ecuador no se acercan a la realidad debido a que en su mayoría se realizan en condiciones clandestinas, aunque de acuerdo con cifras oficiales desde la despenalización por violación se han practicado 611 abortos.
La Corte Constitucional, que inicialmente debe admitir el pedido, no tiene plazo para dar una respuesta.
Johana Zambrano, del Grupo de Mujeres La Tejedora, aseveró que “creemos que es nuestro derecho, lo exigimos, el aborto legal y seguro debe ser aprobado".
Otros grupos han expresado su radical oposición a esta iniciativa y han exigido el respeto a la vida desde la concepción. En el pasado han hecho manifestaciones y marchas con cientos de participantes vestidos de blanco en defensa de los no nacidos.
Entre los países americanos que permiten la interrupción del embarazo sin ninguna condición están Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos y Canadá también lo permiten, mientras que en Bolivia, Colombia y Perú es posible en casos de violación. En Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela está permitido cuando existe amenaza para la salud de la madre y algunos estados mexicanos han añadido otras causas.
El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo sin excepciones.
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