El gobierno colombiano abrió la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, el mayor cartel de droga activo en el país, con la intervención de la Fiscalía, a lo que el grupo armado ilegal habría respondido de forma afirmativa en un comunicado conocido este martes.
Pese a ser un grupo armado con presencia en más de 390 municipios, según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo no forma parte de la política de “paz total” con la que el presidente izquierdista Gustavo Petro ha impulsado conversaciones simultáneas con varios grupos al margen de la ley.
La víspera, Petro propuso al clan un acogimiento colectivo a la justicia que tenga una negociación jurídica con la fiscalía con el fin de desmontar sus negocios ilícitos.
“¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo (tráfico de droga)? Hablamos”, indicó el mandatario en un discurso en Antioquia, al noroeste del país.
El Clan del Golfo habría aceptado negociar con el gobierno “condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos” en las regiones donde tienen injerencia. En el comunicado difundido por la prensa local señalaron que no tienen relación alguna con el “nefasto tráfico” de migrantes, aunque aceptaron que cobran un “impuesto” por la coca.
Al ser consultado por The Associated Press, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no confirmó la veracidad del comunicado pero señaló que las características de ese grupo son más de sometimiento a la justicia que de negociación política. Además, indicó que aunque hay intermediarios que dicen ser sus representantes, no se sabe cuán investidos de poder están para un proceso de negociación.
También lea La disputa del Clan del Golfo y el Tren de Aragua se extiende en más zonas de BogotáPetro advirtió al Clan del Golfo que si su voluntad no es sentarse a negociar, entonces las fuerzas estatales los continuarán combatiendo “porque la decisión es destruir el Clan”.
El año pasado fracasó un intento de acercamiento del gobierno con el Clan del Golfo tras haber pactado un cese al fuego bilateral. El gobierno señaló al cartel de impulsar protestas con episodios de violencia en las que centenares de mineros reclamaban el cese de las acciones de la fuerza pública que destruía maquinaria usada en la minería ilegal.
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, no sólo se dedica al tráfico de drogas, también a la minería ilegal y el tráfico de armas y de migrantes por la peligrosa selva del Darién, que une a Colombia con Panamá, en la que han establecido reglas e impuestos para quienes trasladan a los migrantes.
Esas rentas ilegales les generarían unos 4.400 millones de dólares al año, según fuentes de seguridad estadounidenses consultadas por el instituto de investigaciones International Crisis Group en el informe “La incógnita de la ‘paz total’: qué hacer con los gaitanistas”, divulgado el martes.
Pese a que el gobierno colombiano vaticinó el fin del Clan del Golfo en 2021 cuando capturó a quien fuera su máximo cabecilla Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, la estructura continuó en expansión.
Actualmente tienen aproximadamente 9.000 integrantes, entre los que hay soldados, administradores e incluso políticos, según el informe. A diferencia de otros grupos armados colombianos que reclutan forzosamente para aumentar sus filas, el Clan pagaría salarios entre 185 y 275 dólares mensuales.
La complejidad del grupo armado radica en que a sus filas han entrado exparamilitares, exguerrilleros e incluso exsoldados sin una ideología clara. “El resultado es una organización con una voluntad de expansión al estilo de los paramilitares, que aplica un nivel de disciplina típico de los movimientos guerrilleros y que opera con la precisión de una empresa multinacional”, indicó el informe.
Hasta el momento, el gobierno de Petro no ha concedido un estatus político al Clan del Golfo, lo mantiene en la categoría “crimen de alto impacto” que lo dejaría por fuera de las negociaciones de paz y lo llevaría a un sometimiento a la justicia a cambio de penas reducidas que el Congreso aún no ha definido.
Al estar fuera de la “paz total”, advirtió el International Crisis Group, representa una amenaza para los otros intentos de diálogo dado que se enfrenta con las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, cuyos territorios y negocios ilícitos quieren cooptar.
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