Lina García sabe que la ampliación de la cuarentena en su país es una medida positiva. Como madre, dice que el miedo la invade al pensar que su hija pueda contagiarse del COVID-19. Su angustia, -explica-, crece cuando piensa en su economía.
Contó a la Voz de América que a pesar de que su esposo trabaja desde casa y puede por ahora solventar la parte económica, ahora ha debido parar sus planes laborales y sus proyectos.
“El temor está latente, en el nivel personal (....) y anímico. Estoy feliz de poder compartir con mi familia, mi hija está empezando a caminar, pero tengo días más duros”, le contó a la VOA.
El presidente Iván Duque hizo un llamado el pasado lunes a que “todos hagamos un esfuerzo adicional por la salud" y tomó la decisión "de mantener, después del 13 de abril, hasta el 27 de abril, el Aislamiento Preventivo Obligatorio”.
Indicó Duque además que el aislamiento para los adultos mayores de 70 años se mantiene hasta el 30 de mayo. Los niños y jóvenes continuarán con el estudio en casa hasta el 31 de mayo.
Diego Lancheros, colombiano desempleado, dijo a la VOA que la vida de las personas es la prioridad. Cree que, en su país, “lastimosamente las cosas funcionan cuando son impuestas y obligatorias, y la ampliación de la cuarentena es la mejor manera para evitar un colapso en las redes hospitalarias y evitar las muertes”.
Este joven que regresó de EE.UU. para emprender la vida en Colombia, contó que ahora deberá gastar lo que pudo ahorrar antes. Ahora le queda, -explica-, “acoger los apoyos económicos que brindan las entidades financieras y prestadoras de servicios públicos” para cumplir con la cuarentena, “para salvaguardar mi salud y la de mis familiares”.
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¿Economía en crisis?
En Colombia, la inmensa mayoría de los trabajadores informales e independientes (más del 60 por ciento) no tienen ingresos fijos. La clase media vulnerable representa el 39,8 por ciento de la población y la pobreza se hace más inminente.
El gobierno ha empleado medidas y emitido decretos para atender a los más vulnerables, incluyendo ayudas económicas a las familias más pobres y garantía de suministro de servicios públicos. También existen decretos que permiten disponer de recursos para atender emergencias, asegurar el abastecimiento de alimentos y medicamentos y garantizar la operación de logística de sectores necesarios en esta coyuntura. Hay cambios en el calendario de pago de impuestos. Así mismo, se dieron giros a programas existentes para dar más cobertura a los más necesitados.
Po otro lado, se otorgó moratoria temporal en préstamos y mayor liquidez para pequeñas y medianas empresas (Pyme), a través de líneas de créditos blandos para emprendedores.
El martes, entre lo más reciente, el presidente Duque señaló a una emisora local que llevarán esos recursos a personas que no están en ningún programa social “que son cerca de 3 millones de familias vulnerables; vamos a llevarles $160.000, inicialmente, para que puedan adquirir alimentación en estos momentos tan difíciles”.
Incluso, el Ministerio de Hacienda ha dicho a medios locales que le pidió al Fondo Monetario Internacional, hace más de un mes, un crédito por 11.000 millones de dólares.
No obstante, la necesidad parece ser aún más grande que las ayudas.
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Paula Bejerano, una emprendedora que proviene de una familia de empresarios, expresó a la VOA sus preocupaciones.
"(Económicamente) tanto mi familia, como nosotros estamos en una angustia terrible; mi hermana seguramente va a cerrar y mi papá está muy estresado porque no va a tener como pagar la quincena. En el caso de nosotros, la planta está parada y con ello los ingresos”, expresó Bejerano.
Pero, además, la mayoría de su familia son pequeños empresarios o independientes quienes, según ella, no han recibido la suficiente ayuda de las autoridades.
Una angustia parecida vive Johanna Baudichón: “Hay una preocupación por mi trabajo, me pongo en los zapatos de mi jefe y pienso como va hacer para pagar la nómina de 70 personas que no están produciendo las obligaciones con nuestros clientes y la verdad no es fácil quedarse en casa”.
El director de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Bogotá, Juan Esteban Orrego, le dijo a VOA Noticias que aunque apoyan al gobierno “hay que buscar alternativas para poder darle soluciones o darle manejo a lo que esto se desencadena” y aclaró que el comercio no tendrá ingresos.
Dijo que en Colombia “más del 95,96 por ciento de los empresarios de los comerciantes son mipymes. Son empresas muy pequeñas que viven de sus ventas, casi que de un día a día (…) La nómina es de los principales gastos, es el más impostergable que las personas esperan la plata de su quincena para poder hacer sus pagos, para poder comprar su mercado para poder llevar el pan a las casas. Y esa es la situación que hoy se ve en un inmenso riesgo”.
En este momento, Fenalco ha puesto sobre la mesa propuestas al Gobierno Nacional y al Distrital. “Muchas de ellas han sido acogidas de manera muy oportuna por el gobierno. Hay otras que todavía venimos solicitando (…) Estamos trabajando muy fuerte en dos puntuales. Una de ellas es la anulación del impuesto valorización, que se derogue el impuesto de valorización y se le devuelva la plata a las personas que lo hayan pagado; de esta manera, pues esta liquidez le permitiría a la gente sobrevivir un poco más o tener un poco más de posibilidades”.
En segundo, agrega Orrego, las obras que se iban a hacer con eso. “Esas son obras que hoy dejan de ser primordiales y obviamente sería una ayuda muy importante (…) Y también tenemos los saldos que tienen a favor los comerciantes ante la DIAN -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- (…) En este momento si se le diera celeridad a la devolución de esos saldos a favor sería de gran ayuda también para la empresa y para el empresariado”.
Inclusive, agregó se ha abogado para conversar con el sector financiero sobre la congelación de las deudas.
Colegios y padres preocupados
El lunes, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que los colegios públicos y las secretarías de Educación deben redoblar esfuerzos en lo que ya tenían " preparado, para, a partir del 20 de abril, tener semanas académicas de nuestro calendario escolar con estudio en casa".
Señaló que tienen "más de 160 universidades en el plan piloto de transformación digital y diferentes herramientas que permiten a los estudiantes continuar académicamente activos.
Paula, que vive con sus dos hijos pequeños y su esposo dijo que con la medida tienen que "ver cómo nivelar a los niños con dos meses sin recibir educación de calidad".
Para los padres como Paula, sigue el agobio cuando deben continuar cumpliendo una jornada laboral en casa, cuidar a sus hijos y, además, algunos no están de acuerdo con seguir pagando por una educación “a medias”.
La ministra le dijo a la VOA que los colegios públicos son gratuitos y no hay discrepancias en estos temas; los colegios privados “se rigen por el derecho privado y está muy claro qué tienen que pagar de matrícula y pensión, el que se rige por un contrato que firma el padre de familia con cada colegio”.
En ese caso, señaló que no se pueden cobrar servicios como alimentación y transporte y, cualquier inquietud, el padre de familia “tiene a las Secretaría de Educación que son quienes ejercen la inspección y vigilancia y tendrían que recibir en cada entidad territorial las denuncias”.
Por su parte, Pedro Luis Espinosa, coordinador de la mesa nacional de educación privada dice uno de los principales retos del sector educativo es “el hecho de tener que asumir una virtualidad para lo cual no estábamos prepagados de una manera profesional consistente”.
Otro reto, dice, ha sido generar cercanía ya que estaban acostumbrados al modelo presencial y, además, tener alternativas para generar una retroalimentación cercana con padres e hijos, así mismo como manejar la ansiedad de la situación actual.
Espinosa agrega que los padres están acostumbrados a pagar por una asistencia presencial, pero enfatiza en que los colegios también están en una coyuntura “en la cual no recibir los ingresos que cotidianamente percibíamos nos pone en aprietos para poder tener las nóminas cubiertas y mantener las plazas de trabajo”.
Considera que el estado debe tenerlo en cuenta "como socios estratégicos que le hemos colaborado para poder conseguir metas en temas de cobertura de calidad de equidad de eficiencia”.
También le dijo a la VOA que han solicitado apoyo al gobierno con línea de crédito, no pago durante el tiempo que dure esta emergencia de seguridad social, impuestos, servicios públicos y la creación de una póliza de seguro para los padres de familia que no puedan pagar los servicios educativos. Y pide, además, que los jardines infantiles sean protegidos pues allí “sí que enteramente se consigue el trabajo solo en lo esencial. No se consigue para nada en lo virtual y lo que está haciendo esta situación es que muchos papás se están retirando los chicos de sus jardines y dejándolos absolutamente desprotegidos”.
Al gobierno, dijo, “le ha faltado definir con diligencia cuáles recursos van a solventar esta crisis”.
La ministra, por su parte, afirmó que desde el 15 de marzo se ha articulado un trabajo conjunto con decentes y directivos para diseñar planes de trabajo para responder “a las condiciones que requieren los aprendizajes de niños y niñas en el contexto actual”.
“Se tomaron medidas como el decreto ley sobre alimentación y estamos ultimando detalles con las Entidades Territoriales para redoblar esfuerzos y responder con lo que se hará a partir del 20 de abril y hasta el 31 de mayo, con los procesos de enseñanza y aprendizaje flexible, remoto y desde casa”, agregó.
El martes, se confirmaron en Colombia 1.780 contagios por el COVID-19, 50 muertes y 10 pacientes recuperados.
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