Representantes de más de 15 países de la región participan este jueves en la primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, convocada por el Gobierno colombiano, que busca “trazar una hoja de ruta” para desarrollar “un nuevo análisis de la política global de drogas”.
Así lo informó la viceministra colombiana de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, quien además precisó que otro de los objetivos será “conformar un grupo de trabajo” que permita ser el punto de partida para una Cumbre Mundial de presidentes para discutir este tema.
Según la Cancillería, el nuevo enfoque de esta política busca generar soluciones reales al problema de las drogas, “priorizando al ser humano, la protección del medio ambiente, el respeto por los derechos humanos, y el bienestar de nuestros pueblos”.
Para esto, dijo, se tendrán en cuenta “aspectos como el análisis del sistema internacional de fiscalización de drogas con el fin de discutir ajustes para hacer frente de manera más efectiva a las realidades actuales”, así como la “promoción de un diálogo sobre el uso ancestral y tradicional de la hoja de coca, en su forma natural”, preservando, además, el respeto al medio ambiente.
El gobierno de Gustavo Petro plantea dar un paso más allá del modelo tradicional de una lucha contra las drogas, de manera militarizada. restrictiva y su interés tiende a establecer "modelos que busquen la prevención, la reducción del daño en el consumo de drogas y perspectivas desde la salud pública", explicó Oscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, a la Voz de América.
De cierta forma, agregó, también se busca "restar la carga que la política global ha puesto sobre los campesinos y las personas que están en las zonas de cultivo... para enfocarse mucho más en una persecución de criminales de más alto nivel".
Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y analista internacional, es importante "buscar enfoques distintos al prohibicionismo, para tratar de superar los malos indicadores que, en este momento, ha generado la lucha contra las drogas".
También lea Cárteles explotan industria bananera de Ecuador para traficar cocaínaEn cuanto a la importancia de discutir el tema a nivel regional, Trejos sostuvo que el gobierno convocó a este evento porque "el narcotráfico es un problema transnacional y eso implica que su solución demanda la participación o colaboración de diferentes países". En este sentido agregó que el presidente "[Gustavo] Petro solo no puede promover el cambio en el régimen antidrogas y de ahí que necesite aliados de peso".
Opinión que comparte el profesor Palma, quien además añade que, de cierta forma, los logros que ha tenido Colombia en la política de drogas "ha representado un riesgo, un reto de seguridad para otros países".
Para Perú y Bolivia, por ejemplo, como cultivadores. Para Ecuador, por su grave problema de violencia y seguridad que, según el analista, "está relacionado justamente con el desplazamiento de la adaptación del fenómeno, redes que han ocurrido en Colombia y que se van desplazando a otros lugares".
El papel de México
El evento contará con la presencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En su rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó el miércoles que se reunirá el viernes con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y que al día siguiente participará en un acto donde se brindarán “conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico”.
La Cancillería confirmó que el cierre del evento, programado para el sábado 9 de septiembre, estará a cargo de los dos mandatarios.
Se espera que López Obrador arribe a Cali el viernes, acompañado de “una pequeña comitiva”, integrada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.
Para Trejos, la presencia de México es "fundamental" porque actualmente los carteles mexicanos son encargados del manejo del "monopolio de la distribución del clorhidrato de cocaína en Estados Unidos. En ese sentido, se han convertido en dinamizadores de muchas rentas criminales y de violencia que se escenifica en países productores".
El evento, agregó la viceministra, tendrá un espacio para “dialogar con la sociedad civil, pero al mismo tiempo, con los gobiernos” de América Latina y el Caribe, a través un foro temático y de reuniones intergubernamentales, respectivamente.
Cali se prepara
El encuentro se realizará en el Centro de eventos Valle del Pacífico, en la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente colombiano, el andén Pacífico, donde se concentran los cultivos y el tráfico de estupefacientes.
En un comunicado publicado el miércoles, la Alcaldía destacó la realización del evento, al señalar que “Cali es un punto clave en la cadena de distribución de drogas hacia México, Estados Unidos y otros países. Por eso, la ciudad es el lugar adecuado para llevar a cabo estas discusiones y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, un delito que ha trascendido las fronteras nacionales”.
"Desde, aquí hacemos un llamado a toda Latinoamérica y el Caribe para unirse en esta lucha contra las drogas y salvar a nuestros jóvenes de este flagelo que les está costando la vida", afirmó el secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Jimmy Dranguet Rodríguez.
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La ciudad colombiana de Cali servirá de sede para la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas
Al Alcaldía también informó que, para el evento, se llevó a cabo un consejo de seguridad y se implementarán medidas que incluyen el despliegue de 300 uniformados y personal de seguridad en los hoteles. Así mismo, se realizará vigilancia aérea, a través de drones y se instalará un puesto de mando unificado (PMU) de jueves a sábado.
Según la Cancillería, al encuentro asistirán representantes de más de 15 países, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros. Así como organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y expertos, y otros países que actuarán como observadores, y organismos de las Naciones Unidas.