Un documento inicial habla de mesas de negociación, que tendrán a los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y empezarían el 5 de octubre.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron establecer una mesa de negociación que se instalará principalmente en las ciudades de La Habana (Cuba) y Oslo (Noruega), cuya actividad está prevista iniciar el 5 de octubre.
Las negociaciones girarán alrededor de seis puntos centrales, que incluyen la solución al conflicto de drogas ilícitas, el fin del conflicto y su verificación.
El presidente Santos nombró a Luis Eduardo Garzón, ex alcalde de Bogotá y antiguo militante de la izquierda colombiana, como consejero para diálogo social, un cargo nuevo con funciones muy similares a las que ejerce el vicepresidente Angelino Garzón, quien está en recuperación.
En la rama legislativa, gran parte del congreso colombiano anunció su apoyo a la iniciativa de Santos y se estaría agilizando la aprobación de un proyecto de ley para acelerar la puesta en marcha del Marco Jurídico para la Paz.
A su vez, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes instaló la Comisión de Paz y pidió revivir el cargo de Alto Consejero Presidencial para la Paz, mientras la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha sido facilitadora de varias liberaciones de secuestrados por las FARC, pidió hacer parte de la negociación, propuesta que parece no tener apoyo ni del gobierno ni de la guerrilla.
Internacionalmente, el proceso de diálogo también cuenta con apoyos importantes. La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland dio la bienvenida a los "esfuerzos para poner fin a este extenso conflicto y que llegue la paz duradera en Colombia”; mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la OEA y la Unión Europea, además de varios gobiernos, ofrecieron su apoyo para que haya paz en Colombia.
Pese a los avances, la guerra continúa en el corto plazo. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, recalcó que la orden presidencial es seguir atacando de frente a la guerrilla.
Las negociaciones girarán alrededor de seis puntos centrales, que incluyen la solución al conflicto de drogas ilícitas, el fin del conflicto y su verificación.
El presidente Santos nombró a Luis Eduardo Garzón, ex alcalde de Bogotá y antiguo militante de la izquierda colombiana, como consejero para diálogo social, un cargo nuevo con funciones muy similares a las que ejerce el vicepresidente Angelino Garzón, quien está en recuperación.
En la rama legislativa, gran parte del congreso colombiano anunció su apoyo a la iniciativa de Santos y se estaría agilizando la aprobación de un proyecto de ley para acelerar la puesta en marcha del Marco Jurídico para la Paz.
A su vez, la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes instaló la Comisión de Paz y pidió revivir el cargo de Alto Consejero Presidencial para la Paz, mientras la ex senadora Piedad Córdoba, quien ha sido facilitadora de varias liberaciones de secuestrados por las FARC, pidió hacer parte de la negociación, propuesta que parece no tener apoyo ni del gobierno ni de la guerrilla.
Internacionalmente, el proceso de diálogo también cuenta con apoyos importantes. La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland dio la bienvenida a los "esfuerzos para poner fin a este extenso conflicto y que llegue la paz duradera en Colombia”; mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la OEA y la Unión Europea, además de varios gobiernos, ofrecieron su apoyo para que haya paz en Colombia.
Pese a los avances, la guerra continúa en el corto plazo. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, recalcó que la orden presidencial es seguir atacando de frente a la guerrilla.