El Tribunal de Paz de Colombia abrió el martes una nueva investigación sobre un presunto entramado criminal en el que militares, policías y agentes del Estado se asociaron con grupos paramilitares para cometer delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno que se extendió por cinco décadas.
Entre los presuntos crímenes hay más de 8.300 homicidios, 1.600 casos de tortura y 2.900 desplazamientos que según el Tribunal son atribuidos de manera directa a la fuerza pública, la mayoría entre los años 2000 y 2009. Además, investigará la responsabilidad penal que puedan tener los militares por crímenes que ejecutaron los grupos paramilitares.
Más de 3.400 miembros de la fuerza pública comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los delitos cometidos en el conflicto interno creado luego de que el Estado firmara un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que llegó a ser la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
También lea La jurisdicción para la paz imputa a 22 militares colombianos por falsos positivosAdemás de los militares, el Tribunal de Paz investiga y busca sancionar a más de 9.800 exguerrilleros de las FARC que entregaron las armas. Los comparecientes se comprometieron a contar la verdad a cambio de beneficios jurídicos que pueden evitar que vayan a la cárcel.
El Tribunal encontró que entre las razones que motivaron las acciones criminales estaban los señalamientos de pertenecer o apoyar a las guerrillas; el favorecimiento de agentes estatales a particulares para salvaguardar intereses económicos -lo que incluye el acaparamiento de tierras de campesinos-, así como la captura de rentas y dinero del Estado para la consolidación de los grupos paramilitares.
Varios paramilitares han solicitado entrar a la JEP, sin embargo, ese tribunal no tiene competencia frente a los hechos cometidos por las estructuras paramilitares, así que estudia caso por caso si lo permite. El Estado consiguió un acuerdo de paz con los paramilitares creando en 2005 la ley de Justicia y Paz que facilitaba su desmovilización y bajo la cual eran juzgados.
El magistrado Óscar Parra dijo a la prensa el martes que es posible que tengan que llamar como testigos a rendir declaraciones juradas a varios líderes paramilitares, tal como lo hicieron con el jefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga David, conocido con el alias de “Otoniel”, quien fue recientemente extraditado a Estados Unidos y era considerado el narco más buscado de Colombia.
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