La existencia de al menos 28 grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana conectados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otros fenómenos criminales, han convertido la extensa zona en un campo de batalla que deja a la población civil en medio del conflicto con cientos de muertos, secuestrados y desaparecidos, así se desprende de la investigación “Sin Dios ni Ley”, revelada por la Fundación Paz y Reconciliación.
Para el analista en defensa y seguridad, John Marulanda, aunque el fenómeno no es nuevo la crisis diplomática entre los dos países se ha convertido en un caldo de cultivo que favorece la criminalidad: “Esto evita que haya una coordinación entre autoridades de lado y lado que pueda coordinadamente tratar de controlar esta región, si definitivamente la ruptura de relaciones entre los dos países coadyuva a que este ambiente delincuencial se mantenga y se incremente”.
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Entrevista con John Marulanda, analista colombiano en Seguridad y Defensa
Por su parte León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene que además de los altos índices de corrupción que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas de los dos países frente a los negocios ilícitos que se desarrollan en la zona fronteriza, también hay un alto grado de negligencia de los gobiernos.
“El gobierno colombiano está preocupado por Caracas, por (Nicolás) Maduro, entonces toda la atención del gobierno colombiano la ata en dos lados: primero en la migración como un hecho que sirve para contarle al mundo la tragedia que vive Venezuela y por otro lado por las acciones sobre Maduro, pero la negligencia frente a la frontera es muy grande”, señala Valencia.
De acuerdo con Valencia las fuerzas militares de los dos países, aunque hacen fuerte presencia en la frontera, han optado por mantenerse al margen del conflicto existente entre los grupos armados ilegales para evitar una posible confrontación entre los dos estados.