El parlamento votó a favor de nacionalizar la Compañía de Valores Sudamericana, en medio de acusaciones de corrupción contra el vicepresidente argentino.
El Congreso argentino aprobó este miércoles la nacionalización de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la única empresa privada de Argentina autorizada para imprimir billetes.
La Cámara de Diputados aprobó la nacionalización por 145 votos a favor y 77 en contra. El Senado ya había votado a favor la semana pasada.
La medida, iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, ocurre en medio de las acusaciones de corrupción en contra del vicepresidente de la nación argentina, Amado Boudou, quien fue duramente criticado por los opositores al gobierno durante la votación.
Supuestamente, Boudou utilizó sus influencias cuando era ministro de Economía del gobierno de Fernández para ayudar a la empresa a salir de la bancarrota para beneficiar a supuestos amigos y socios vinculados a The Old Fund, la firma que controla la empresa.
Los opositores al gobierno consideran que la nacionalización fue una maniobra para esconder estos supuestos ilícitos.
Boudou negó las acusaciones de irregularidades que habría cometido durante su gestión como ministro de Economía, que se extendió desde 2009 a 2011. El vicepresidente ha afirmado que su único interés era tratar de mantener a la empresa a flote para conservar los empleos.
El jefe del bloque oficialista en la cámara de diputados, Agustín Rossi, desestimó las acusaciones contra Boudou. “El vicepresidente ni siquiera fue llamado a declaratoria, no está procesado ni imputado”, explicó, según indica el diario local La Nación.
Julián Obiglio, diputado del opositor partido de centroderecha PRO, llamó la atención sobre otro punto. “Vamos a expropiar a un privado y no hay ninguna persona que venga a defenderse de la expropiación. No sabemos quiénes son los dueños”, observó.
“No hay dudas de que Boudou es el dueño de la empresa a expropiar”, acusó la diputada Elisa Carrió, del partido Coalición Cívica, según señala La Nación.
Este jueves, el diputado radical Manuel Garrido divulgó un informe de la Casa de Moneda del año 2010 en donde, según dijo, consta que la empresa expropiada “más que una fábrica de billetes es una imprenta”.
“Se dice que el país va a recuperar la soberanía monetaria y la Casa de Moneda dice que es 'una fábrica obsoleta que no sirve para producir billetes’”, acusó Garrido.
La Cámara de Diputados aprobó la nacionalización por 145 votos a favor y 77 en contra. El Senado ya había votado a favor la semana pasada.
La medida, iniciativa del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, ocurre en medio de las acusaciones de corrupción en contra del vicepresidente de la nación argentina, Amado Boudou, quien fue duramente criticado por los opositores al gobierno durante la votación.
Supuestamente, Boudou utilizó sus influencias cuando era ministro de Economía del gobierno de Fernández para ayudar a la empresa a salir de la bancarrota para beneficiar a supuestos amigos y socios vinculados a The Old Fund, la firma que controla la empresa.
Los opositores al gobierno consideran que la nacionalización fue una maniobra para esconder estos supuestos ilícitos.
Boudou negó las acusaciones de irregularidades que habría cometido durante su gestión como ministro de Economía, que se extendió desde 2009 a 2011. El vicepresidente ha afirmado que su único interés era tratar de mantener a la empresa a flote para conservar los empleos.
El jefe del bloque oficialista en la cámara de diputados, Agustín Rossi, desestimó las acusaciones contra Boudou. “El vicepresidente ni siquiera fue llamado a declaratoria, no está procesado ni imputado”, explicó, según indica el diario local La Nación.
Julián Obiglio, diputado del opositor partido de centroderecha PRO, llamó la atención sobre otro punto. “Vamos a expropiar a un privado y no hay ninguna persona que venga a defenderse de la expropiación. No sabemos quiénes son los dueños”, observó.
“No hay dudas de que Boudou es el dueño de la empresa a expropiar”, acusó la diputada Elisa Carrió, del partido Coalición Cívica, según señala La Nación.
Este jueves, el diputado radical Manuel Garrido divulgó un informe de la Casa de Moneda del año 2010 en donde, según dijo, consta que la empresa expropiada “más que una fábrica de billetes es una imprenta”.
“Se dice que el país va a recuperar la soberanía monetaria y la Casa de Moneda dice que es 'una fábrica obsoleta que no sirve para producir billetes’”, acusó Garrido.