Varios cientos de policías y guardias nacionales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos en una avenida del norte de la ciudad para impedir el avance de miles de opositores hacia la Defensoría del Pueblo en el norte de la ciudad el sábado.
Algunos manifestantes, con los rostros cubiertos con telas, empezaron a lanzar objetos contundentes a los agentes.
La marcha fue convocada en protesta contra el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia en medio de las tensiones generadas por la inhabilitación política de Henrique Capriles, uno de los líderes de la coalición opositora.
Entre banderas venezolanas y carteles que decían "no más dictadura", miles de manifestantes tomaron una de las principales avenidas del este de la capital Caracas.
Un manifestante se arrodilla en el suelo abrumado por gases lacrimógenos despedidos por la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, Venezuela, el sábado 8 de abril de 2017.
"Vivimos una situación terrible donde lo que impera es la inseguridad, el hambre y la escasez. Si no salimos a calle a protestar, esta tragedia no terminará", afirmó Ligia Pérez, una abogada de 65 años, mientras levantaba con su brazo derecho un cartel con la fotografía del dirigente y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quien fue inhabilitado la víspera por la Contraloría General.
"Queremos libertad y paz, y que nos regresen la democracia que perdimos", afirmó Albani Rojas, una contadora de 29 años, quien se cubrió el rostro con una máscara que tenía los colores de la bandera venezolana, en protesta por la situación del país.
"Nos quieren quitar la Asamblea Nacional que fue elegida por el pueblo. No se lo vamos a permitir. Nosotros somos los únicos que tenemos el derecho de decidir quién se queda y quien se va", agregó.
Luego de finalizada una concentración, los miles de manifestantes decidieron marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad.
Un Policía de la Guardia Nacional Bolivariana lanzó una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes durante una manifestación en Caracas, Venezuela, el sábado 8 de abril de 2017.
La policía judicial difundió en una de sus cuentas de Twitter unos mensajes, con fotografías de ocho supuestos manifestantes, en los que pide a la población aportar información sobre esas personas a las que llama "generadores de violencia".
Los mensajes, sin precedentes en el país, fueron rechazados por activistas de derechos humanos que advirtieron que esa acción "incita al odio" y "juzga anticipadamente a ciudadanos".
Las tensiones se intensificaron la víspera luego de la decisión que tomó la Contraloría General, que está vinculada al gobierno, que inhabilitó a Capriles para participar en eventos electorales por 15 años por supuestas irregularidades administrativas en la gobernación del estado Miranda, que dirige en la actualidad.
La decisión representa un duro golpe para la oposición que en los últimos dos años ha perdido a dos de sus principales líderes, Leopoldo López, quien fue condenado en el 2015 a casi 14 años de cárcel, y ahora a Capriles.
Al rechazar la sanción, Capriles afirmó que su inhabilitación forma parte del "autogolpe" que asegura que dio Maduro la semana pasada luego de las dos sentencias que emitió el máximo tribunal en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados.
En un breve discurso, el dirigente expresó durante la concentración que "a ustedes no los inhabilita nadie".
Capriles
Al rechazar la sanción, Capriles afirmó que su inhabilitación forma parte del "autogolpe" que asegura que dio Maduro la semana pasada luego de las dos sentencias que emitió el máximo tribunal en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados.
"¡El que ríe de último, ríe mejor! Nos veremos en las calles de Venezuela Nicolás Maduro. Prepárate", dijo el dirigente opositor en su cuenta de Twitter tras anunciar que en los próximos días iniciaría una campaña nacional a favor de las elecciones y contra el gobierno.
Aunque el Tribunal Supremo, que es señalado de estar controlado contra el gobierno, revirtió los dictámenes contra la Asamblea Nacional, los cuestionamientos internacionales y las protestas contra el máximo tribunal han continuado.