Organismos ecuatorianos se presentaron ante la OEA para denunciar el "deterioro acelerado" de la libertad de expresión en el país.
Representantes de medios ecuatorianos llegaron a la OEA para criticar lo que consideran "un gigantesco aparato de propaganda estatal para perseguir a las voces críticas".
Durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la organización Fundamedios denunció la aplicación "arbitraria" de la Ley de Comunicación en Ecuador.
César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), dijo en la cita, que existe un deterioro de la libertad de expresión en Ecuador debido a “la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación".
Ricaurte dijo que en Ecuador "se agrede, intimida y amenaza a quienes expresan con gestos o palabras su desagrado" contra el presidente.
Ningún representante del gobierno de Rafael Correa acudió a la presentación.
Por su parte, el catedrático Christian Oquendo dijo que el gobierno busca "ejercer su control" en internet.
Oquendo explicó que en varias ocasiones se ha detenido o investigado a ciudadanos por opiniones expresadas en la red social Twitter.
Durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la organización Fundamedios denunció la aplicación "arbitraria" de la Ley de Comunicación en Ecuador.
César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios), dijo en la cita, que existe un deterioro de la libertad de expresión en Ecuador debido a “la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación".
Ricaurte dijo que en Ecuador "se agrede, intimida y amenaza a quienes expresan con gestos o palabras su desagrado" contra el presidente.
Ningún representante del gobierno de Rafael Correa acudió a la presentación.
Por su parte, el catedrático Christian Oquendo dijo que el gobierno busca "ejercer su control" en internet.
Oquendo explicó que en varias ocasiones se ha detenido o investigado a ciudadanos por opiniones expresadas en la red social Twitter.