SIP: Ecuador con la peor ley mordaza

La SIP acusa al gobierno de Rafael Correa de “flagrante atropello” contra el derecho del público a estar informado.

La SIP advierte que a dos años de haber entrado en vigor, la Ley de Comunicación de Ecuador es la peor “ley mordaza” de América Latina.

​La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a la comunidad internacional y a la asamblea de la OEA mayor atención ante los ataques continuos a la libertad de expresión y violación de la Carta Democrática Interamericana.

El mensaje de la SIP se da cuando se cumple el segundo aniversario de la ‘Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador’.

La SIP advierte que la ley es un “flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes de su país”.

Este 23 de junio se cumplirán dos años de vigencia de la Ley de Comunicación, a la que la SIP ha calificado como “un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas”.

“No estábamos equivocados”, dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.

“Sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores, al ver vapuleado su derecho humano a estar debidamente informados”, señaló Mohme.

Esta no es la primera critica de la organización, lo hizo en varias ocasiones, especialmente desde la propuesta de la misma hace cuatro años, advirtiendo que sería utilizada para acallar a sus adversarios políticos, al periodismo independiente y a los ciudadanos en su uso de redes sociales e internet.

Según la SIP, la ley es ilegítima, que se aplica en forma discriminatoria y revanchista contra los medios y periodistas independientes a través de organismos que dependen del Poder Ejecutivo, con el ánimo explícito de censurar el libre flujo informativo.

La SIP resaltó las cifras que indican que de 270 procesos entre 2013 y febrero de este año, 231 fueron en contra de medios privados y 142 de ellos se debieron a quejas presentadas por autoridades y funcionarios contra los medios o comunicadores.